Dos empleadas públicas de Ontario presentaron demandas contra el gobierno provincial y los sindicatos que los representan, sosteniendo que han sido víctimas de actos racistas durante años.
Jean-Marie Dixon y Hentrose Nelson sostuvieron que durante años han sido el blanco de ataques por ser parte de la comunidad negra, incluyendo acoso y maltrato, durante su desempeño como empleadas del Servicio Público de Ontario.
Las agresiones fueron realizadas por colegas, a través de intentos coordinados de intimidación, siendo confundidas por personal de limpieza y degradadas de cargos que habían ocupado durante largo tiempo.
Las mujeres acusaron a sus sindicatos de no haberse ocupado nunca de defenderlas en esas situaciones y de haber colaborado para mantener una cultura de racismo.
Las alegaciones presentadas por Dixon y Nelson involucran varios aspectos de la vida laboral de las dos mujeres.
Ambas denunciaron malos tratos por parte de compañeros de trabajo, acoso por parte de pares y de superiores y falta de apoyo por parte de las organizaciones sindicales, que no las ayudó a combatir la discriminación en el ámbito laboral.
Dixon sostuvo que en varias ocasiones otros empleados desconectaron sus equipos de trabajo y la forzaron a salir de lugares en los que se encontraba tratando cuestiones oficiales, haciéndole entender que no era bienvenida por el resto del personal.
También denunció esfuerzos coordinados para aislarla, ya que los colegas que la apoyaban eran amenazados con represalias profesionales.
Por su parte, Nelson denunció a un jefe por haber iniciado una campaña de acoso contra ella, asignándole tareas insignificantes y degradantes.
La mujer dijo que el estrés que le provocó la situación la llevó a enfermar y que también tuvo que ver con el nacimiento prematuro de su bebé.
La declaración presentada por las demandantes afirma que “el racismo contra los negros y el racismo en general, junto a los privilegios y la supremacía de los blancos“ se hallan enquistados en el Servicio Público de Ontario.
Ambas mujeres se encuentran en licencia y dijeron que sienten que han sido excluidas de sus empleos, debido a que decidieron romper el silencio y denunciar la situación vigente en la administración pública provincial.
La demanda involucra un pedido de indemnización por daños por 26 millones de dólares.
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.