Los conservadores pidieron al comisario de la magistratura federal una investigación sobre la divulgación de informaciones confidenciales, relacionadas con las recomendaciones expresadas por la ex ministra de Justicia de Canadá.
La ex funcionaria, Jody Wilson-Raybould, renunció a su puesto en medio del escándalo que rodea al caso de la firma SNC-Lavalin, acusada de pagar sobornos en el extranjero.
Según la información divulgada, la ex funcionaria había hecho una recomendación sobre la nominación para un puesto en la Corte Suprema de Canadá, que habría generado un desacuerdo con el jefe de gobierno, Justin Trudeau.
La propia Wilson-Raybould se hizo eco del pedido de los conservadores, y solicitó que se ponga fin a las filtraciones de información confidencial en Ottawa.

Lisa Raitt, encargada de transmitir el pedido de los conservadores. THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick
En un correo electrónico, la ex integrante del gabinete sostuvo que “en virtud de la gravedad del asunto, estimo que se debería realizar una investigación para establecer la fuente de la información”.
Por su parte, la portavoz de los conservadores en cuestiones de Justicia, Lisa Raitt, envió una nota al comisario de la magistratura federal, Marc Giroux, que es quien garantiza la independencia de los magistrados ante el ministerio de Justicia.
Raitt sostuvo que la fuga permite presumir que quienes ella definió como “actores políticos” habrían sido los responsables de filtrar una información concerniente a la nominación de un juez al más alto tribunal del país. La portavoz sostuvo que si eso se confirma, se estaría ante una “injerencia política flagrante” a la que calificó como un ataque grave contra la independencia del poder judicial.
Las versiones periodísticas sostienen que el primer ministro Justin Trudeau y su ex ministra de Justicia habrían tenido un desacuerdo cuando abordaron la cuestión del reemplazo de la jueza Beverley McLachlin como jefa de la Corte Suprema.

La sede de la Corte Suprema, en Ottawa. Foto: iStock.
Según fuentes anónimas, Wlson-Raybould habría sugerido a Trudeau la nominación de Glenn Joyal, un magistrado de la Corte de Manitoba, no solo para ocupar un sitial en la Corte Suprema, sino para convertirse en el nuevo jefe de la misma.
Según las mismas fuentes, Trudeau se habría manifestado contrariado por el hecho de que Joyal tiene una postura restrictiva respecto de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que es uno de los principales legados políticos del ex primer ministro Pierre Elliott Trudeau, padre del actual mandatario.
Joyal tendría una postura crítica hacia el Alto Tribunal, por haber introducido nuevos derechos que no están explícitamente incluidos en la Carta.
En suma, Trudeau no vería con buenos ojos que un juez conservador rigiera los destinos de la Corte Suprema de Canadá.
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