Simon Jolin-Barrette (izq.), es felicitado por el primer ministro François Legault después de la adopción del proyecto de Ley 21 sobre la laicidad en Quebec, el domingo 16 de junio 2019. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot)

Quebec adoptó este fin de semana dos controvertidos proyectos de ley

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Todos los gobiernos que intentaron legislar sobre la laicidad del Estado en Quebec en los últimos 15 años fracasaron rotundamente, pero François Legault, actual Primer ministro de la provincia, prometió durante su campaña electoral que él iba a solucionar este problema de una vez por todas.

Por intermedio de Simon Jolin-Barrette, ministro de Inmigración, de la Diversidad y de la Inclusión, y líder parlamentario del gobierno presentó el 28 de marzo pasado el proyecto de Ley 21 sobre la laicidad del Estado.

Después de la presentación del proyecto de Ley 21, el gobierno invitó a representantes de grupos, organismos, expertos, intelectuales y movimiento sindicales a presentar sus puntos de vista, recomendaciones y objeciones sobre este controvertido proyecto de ley. Este domingo 16 de junio por la noche, el gobierno Legault adoptó finalmente una versión todavía más dura de su proyecto de ley, según la oposición.

Para lograrlo, el gobierno mayoritario de la Coalición Avenir Quebec, CAQ, partido del primer ministro François Legault, recurrió a la “mordaza”, un procedimiento excepcional que termina con el debate y permite a un gobierno mayoritario adoptar una ley.

Digamos que en los últimos 30 años, el independentista Partido Quebequense impuso la mordaza adoptar 70 proyectos de ley y el Partido Liberal de Quebec  la impuso 79 veces, 149 veces en total para estos dos partidos. Recordemos también que durante esos 30 años, el Partido Liberal estuvo 19 años en el poder y el Partido Quebequense 11 años.

El primer ministro François Legault (centro) Simon Jolin-Barrette, ministro de Inmigración y Genevieve Guilbault, ministra de la Seguridad Pública de Quebec. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot)

Este fin de semana, el gobierno de la CAQ utilizó su “primera mordaza” para adoptar el proyecto de Ley 9 sobre la inmigración y el proyecto de Ley 21 sobre la Laicidad del Estado, después de un debate maratón que duró todo el fin de semana y que terminó este domingo a las 22:30.

Recordemos que el proyecto de Ley 21 prohíbe a varias categorías de empleados del Estado vestir o llevar signos religiosos durante el ejercicio de sus funciones, en particular a los jueces, policías, fiscales, guardianes de cárceles, directores de escuelas y profesores de escuelas primarias y secundarias del sector público.

La votación del proyecto de Ley 21 terminó a 73 votos en favor y 35 en contra. La CAQ y el Partido Quebequense votaron en favor. Los partidos Liberal y Quebec Solidario votaron contra. El Partido Liberal, que representa la oposición oficial en el Parlamento de Quebec y Quebec Solidario declararon que “retirar derechos a los ciudadano no le hace ningún favor a la historia de Quebec” y que el ministro de inmigración será recodado como alguien que “ultrajó los derechos de la minorías”. Simón Jolin-Barrette dice que será lo contrario.

EL PROYECTO DE LEY 21

Lo que hace el proyecto de ley sobre la laicidad es que le da a todos los quebequenses el derecho a servicios públicos laicos y nos aseguramos de tener un equilibrio entre los derechos colectivos y los derechos individuales. Entonces, al contrario, nos aseguramos de inscribir la laicidad como un valor fundamental y como un derecho en la Carta de Derechos y Libertades de la persona. Usted sabe, el Partido Liberal y Quebec Solidario estaban contra el proyecto de ley. Nos esperábamos a ese discurso, pero honestamente es un avance para Quebec. Un avance histórico.

Un avance histórico según Jolin-Barrette, porque desde hace 50 años se dice que el estado quebequense es laico, pero hoy los quebequenses pueden constatar que ahora en la ley la laicidad está inscrita y que la religión y el Estado están verdaderamente separados. Desde hoy, nadie en posición de autoridad puede vestir signos religiosos en el marco de sus funciones.

Simon Jolin Barrette, ministro de Inmigración, de la Diversidad y de la Inclusión, y líder parlamentario del gobierno durante el debate para votar el proyecto de Ley 21 sobre la Laicidad del Estado. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot)

Entre las enmiendas de último momento, un ministro puede verificar la aplicación de la ley o designar a una persona para que se encargue de su verificación. Puede exigir también medidas correctoras y hacer seguimientos o imponer medidas de vigilancia. “Una policía de la laicidad”, dice un diputado liberal.

El partido en el poder tiene que prepararse desde ya a que su ley sea cuestionada. De hecho, este lunes una estudiante en Ciencias de la Educación, el Consejo Nacional Musulmanes Canadienses y la Asociación Canadiense de Libertades Civiles presentaron ya un recurso judicial contra la ley, en el que se afirma que la religión será una competencia compartida entre los gobiernos federal y provincial. Entonces ¿todo este cuestionamiento pone en tela de juicio la legitimidad de la ley? El ministro de Inmigración de Quebec Simon Jolin-Barrette, dice que no.

LEGITIMIDAD DE LA LEY

Es extremadamente legítimo que sea la Asamblea Nacional la que determine de qué forma se ejercen las relaciones entre el Estado y la religión. No son los tribunales los que deben determinar de qué forma se debe establecer el modelo de sociedad que escogemos. Entonces, si se cuestiona, el gobierno de Quebec estará presente ante los tribunales para defender la validez de su ley.

El ministro Simon Jolin-Barrette dice que el gobierno de Quebec confía plenamente en la validez de su ley y utilizó las disposiciones de las derogaciones previstas en las Cartas de Derechos y Libertades, justamente para que sea el Parlamento el que decida y no los tribunales.

Con respecto al proyecto de Ley 9 sobre la inmigración Simon Jolin-Barrete, se trata de un sistema en que las personas presentaban su solicitud de inmigración que debía pasar por la etapa de selección, que se aceptaba o se rechazaba, pero todo el mundo podía aplicar.

Pascal Berube, líder del Partido Quebequense es felicitado por el primer ministro François Legault por haber votado en favor del proyecto de Ley 21. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot)

Mientras que ahora, una persona que desee inmigrar a Quebec, tiene que pasar por un sistema de “declaración de interés” en el que menciona su intención de inmigrar y presenta sus calificaciones y competencias.

DECLARACIÓN DE INTERÉS

Después el gobierno de Quebec va a seleccionar únicamente a los que responden a las necesidades del mercado del trabajo. Se va a invitar a los que respondan a las necesidades de las diferentes regiones de Quebec de forma prioritaria. Cambiamos el sistema de una forma tal que los inmigrantes que seleccionemos serán hermanados a una oferta de empleo o al mercado del trabajo. Esto evita tener personas sobrecalificadas y decepcionadas.

Personas que en efecto, cuando llegaban aquí, se llevaban una gran decepción al no lograr encontrar trabajo porque no había trabajo en su campo profesional o simplemente porque las corporaciones profesionales tardan mucho en reconocer los diplomas de los inmigrantes.

El ministro de Inmigración afirma que ese aspecto cambia de tal manera a que se favorecen las profesiones y oficios en los que hay escasez de trabajo en la provincia.

Con respecto a la eliminación de las 18.000 solicitudes de inmigración presentadas durante el gobierno anterior, el ministro dice que podrán aplicar nuevamente en el nuevo sistema y si su perfil corresponde a las necesidades de empleo de la provincia podrán ser invitados a continuar los trámites.

El primer ministro François Legault, aplaudido por Simon Jolin-Barrette y los miembros de la Coalición Avenir Quebec, CAQ, este domingo 16 de junio en el Parlamento de Quebec, (Foto: THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot)

El problema con las otras solicitudes es que fueron hechas durante el gobierno anterior y no responden a las necesidades del mercado del trabajo de la provincia. El proyecto de Ley 9 prevé una disposición para reembolsar el dinero que todas esas personas habían pagado para el estudio de sus candidaturas de inmigración.

Finalmente, la Ley 9 fue adoptada en el interés público de Quebec, porque el sistema de inmigración está concebido para responder a la prosperidad económica y social de Quebec. Entonces hay que asegurarse que cuando se seleccionan a los inmigrantes, que estos respondan a las necesidades de Quebec, concluye Simon Jolin-Barrette, ministro de Inmigración, de la Diversidad y de la Inclusión, y líder parlamentario del gobierno.

Franco Nuovo entrevistó a Simon Jolin-Barrette

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Categorías: Inmigración y Refugiados, Política, Sociedad
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