El gobierno de Venezuela se encuentra bajo una ola de críticas, luego que un informe elaborado por un organismo de Naciones Unidas sostuvo que en ese país se registró un número elevado de ejecuciones extrajudiciales.
El texto, que lleva la firma de Michelle Bachelet, titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también denunció la existencia de arrestos arbitrarios.
La administración de Nicolás Maduro respondió a la publicación acusando al informe de parcialidad y de estar lleno de errores e imprecisiones.
El gobierno denunció al informe por parcialidad. Miraflores Palace/Handout via REUTERS
Según el texto, “el número de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden, especialmente de las fuerzas especiales, en el marco de las operaciones se seguridad, es extremadamente elevado”.
La Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, conocida por sus siglas FAES, es una división especial de la policía nacional, que fue creada en 2017 con el objetivo de combatir la criminalidad.
Sin embargo, son constantes las acusaciones en Venezuela en contra de ese cuerpo, al que atribuyen servir como fuerza de represión en contra de la oposición al gobierno.
El Alto Comisionado llamó a las autoridades del país sudamericano a “implementar medidas inmediatas y concretas para poner fin a las graves violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales” de los venezolanos.
Por su parte, el gobierno de Maduro rechazó los términos del reporte elaborado por la alta comisionada y sostuvo que “son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones” contenidas en el mismo.
Los incidentes y enfrentamientos son comunes en las constantes protestas en Venezuela. REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez.
Venezuela dijo que Bachelet produjo un documento parcializado, debido a un “uso inadecuado de las fuentes disponibles”.
Los responsables venezolanos pidieron a la oficina que tome las medidas necesarias para corregir los errores que figuran en el texto, acompañando la solicitud con un total de 70 observaciones.
El informe contabilizó 66 muertes en lo que va del año, ocurridas en el marco de manifestaciones contra el gobierno, y sostiene que al menos 52 de esos decesos se deben a la represión ejercida por las fuerzas del orden.
Bachelet confirmó que las autoridades venezolanas liberaron el viernes a 22 personas, entras que se encuentran la jueza María Afiuni, arrestada en 2009 y acusada de corrupción, y del periodista Braulio Jatar.
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