Diversas entidades que trabajan con refugiados en la provincia de Ontario mostraron su preocupación, ante los recortes presupuestarios implementados por la administración provincial del primer ministro Doug Ford.
En ese sentido, la Comisión de la Inmigración y el Estatus de Refugiado sostiene que esas medidas económicas tendrán un impacto negativo en la ayuda jurídica que ofrece la provincia.
El organismo previno que la reducción del 30 por ciento en los recursos destinados al apoyo jurídico tendrá afectará las actividades, ya que un número mayor de solicitantes no estará representado por un letrado.
Los abogados especializados en derecho de los refugiados ayudan a los postulantes a lidiar con un sistema complejo, que es desconocido por la mayoría de los interesados directos.
Según Loly Rico, del Centro para Refugiados FCJ, en Toronto, una vez que la persona que busca refugio ha pasado la primera etapa del proceso, que implica poco más que la presentación de la solicitud en sí misma, sigue una etapa más compleja, en la que la comisión habitualmente solicita una serie de documentos, pruebas y testimonios que el particular difícilmente podría entregar en tiempo y forma sin la asistencia, asesoramiento y consejo de un jurista especializado.
Una de las consecuencias primeras de la nueva política sería la posibilidad de un alargamiento de los procesos de tramitación, que sobrepasarían ampliamente el promedio de demora actual, que va del año y medio a los dos años.
Otro efecto posible, más grave aún, sería que las autoridades rechacen el pedido ante la falta de documentación o pruebas que sustenten la solicitud.
Detrás de la postura asumida por la administración Ford se encontraría la intención de reducir gastos, de manera de reservar recursos para el pago de la deuda provincial.
Rico sostiene que tal filosofía ya demostró su fracaso en la década de 1990, cuando un anterior gobierno provincial conservador, encabezado por Mike Harris, en pos de la austeridad efectuó recortes presupuestarios que generaron más desempleo y el endeudamiento siguió profundizándose, de todos modos.
La tasa de desocupación en Ontario es del 5,5 por ciento, según datos de junio último, y ha permanecido relativamente estable en el último año.
La especialista en refugio sostiene que la línea adoptada por el gobierno provincial está buscando que el federal asuma más responsabilidades, quitándole peso en materia de refugio y hacer que un número mayor de postulantes se dirija hacia otras provincias.
Loly Rico, del Centro para Refugiados FCJ, habló con Luis Laborda.
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