Hay mucha oposición de parte de grupos de la sociedad civil respecto al acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos y cuya firma no fue transparente. Los guatemaltecos dicen que Guatemala no es un país seguro para sus propios ciudadanos. Los defensores de derechos humanos enfrentan mucha represión, especialmente por parte del gobierno y grupo de intereses privados. En 2018 hubo 390 ataques contra activistas de derechos humanos y se asesinaron a 26 personas.
– Stacey Gómez, Nadie es ilegal –Halifax, Nueva Escocia, Canadá.
Guatemala ha firmado el viernes 26 un acuerdo migratorio con Estados Unidos. De ratificarse, implicaría que los migrantes de El Salvador y Honduras- más de 100 000 por año- deberán permanecer en Guatemala.
De eso trata el tercer país seguro. Las personas que quieran solicitar refugio en Estados Unidos y han pasado previamente por Guatemala deberán regresar a ese país a la espera de una decisión.
Para lograr ese acuerdo, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles al país centroamericano si éste no acogía a los solicitantes de refugio.
La firma se hizo prácticamente en secreto y nadie sabe exactamente a qué se comprometió el presidente Jimmy Morales.
RCI conversó con Stacey Gómez, del organismo Nadie es ilegal –Halifax.
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Conferencia de prensa frente la Corte de Constitucionalidad por grupos de la sociedad civil en Guatemala. El 26 de julio, 2019. Foto: Stacey Gómez
Gómez se encuentra en Guatemala. Ella dice que en estos momentos en el país se dibuja una fuerte oposición al acuerdo firmado entre el presidente Jimmy Morales y Trump.
“Hay mucha oposición de parte de grupos de la sociedad civil en contra del acuerdo cuya firma no fue transparente. El 26 de julio hubo una conferencia de prensa de esos grupos entre los que se encontraba la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de la Universidad de San Carlos. Los estudiantes además ocuparon MUSAC. Hubo pronunciamientos contra este acuerdo, resaltando que Guatemala no es un país seguro ni siquiera para los guatemaltecos”.
Foto: Stacey Gómez
En Guatemala, diferentes sectores de la sociedad saben que el país no cuenta con la capacidad necesaria para garantizar a la población los derechos tan elementales como educación, salud, nutrición y vivienda.
Guatemala tiene una de las cifras de mortalidad infantil más altas del continente, con 24,8 muertes de bebés por cada 1.000 nacidos vivos y uno de los índices de desnutrición infantil crónica más altos del mundo: 46,9 menores de cinco años la sufren. En materia de empleo: 65,8% de la población en edad de trabajar sobrevive en la economía sumergida, cifra que se eleva al 80,3% entre la población campesina de origen maya.
En 2019 la violencia se cobró la vida de casi 1200 personas en Guatemala, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.En 2018 el país centroamericano sufrió casi 5 000 asesinatos mientras que en 2017 se registraron 5 400 homicidios, según el Inacif.
En 2018 hubo 390 ataques contra activistas de derechos humanos y se asesinaron a 26. Hay mucha inseguridad. Lo vimos con la política de Trump, cuando expulsó a solicitantes de asilo a México y que puso en peligro la vida de varios de ellos. Algunos han sido asesinados mientras esperaban la oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos.
-Stacey Gómez
El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, y el ministro del Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, firman un acuerdo de «tercer país seguro» mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 26 de julio de 2019 en Washington, DC. (Foto de Alex Wong / Getty Images)
Una sociedad civil que se moviliza
Manifestacion en contra el acuerdo del tercer país seguro frente la Casa Presidencial. El 27 de julio, 2019. Foto: Stacey Gómez
Gómez dice que la situación puede cambiar, que el acuerdo de tercer país está siendo cuestionado desde varios ámbitos, uno de ellos, el legal. Da el ejemplo del Procurador de Derechos humanos, Jordán Rodas, quien presentó este lunes ante el Tribunal Constitucional dos apelaciones. Una para su entrada en vigor, y otra, pidiendo la destitución del ministro del Interior, Enrique Degenhart, por haber firmado el pacto migratorio con Washington sin tener la competencia para hacerlo.
Otras ONG, como Amnistía Internacional, Refugees International y la coalición Refugio para las Familias, dicen que el acuerdo socava los derechos de los migrantes.
Los refugiados, un problema global
Stacey Gomez. Twitter.
Esto y más en la entrevista de RCI con Stacey Gómez de Nadie es ilegal – Halifax.
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