En un fallo de juicio emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “hubiese actuado de otra manera”.
José Luis Abarca, hijo del asesinado Mariano Abarca recibió el fallo del juez canadiense con decepción. Por una razón simple, dice: al juez se le había proporcionado las pruebas suficientes para que el comisionado investigara, pero no tuvo la voluntad de hacerlo.
La familia entera está consternada “porque teníamos la esperanza que las autoridades canadienses autorizaran la investigación del caso”.
José Luis Abarca Montejo en Radio Canadá Internacional.
Mariano Abarca, líder comunitario y miembro fundador de la Red Mexicana de Mineros Afectados por la Minería, fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 por defender los derechos humanos y el medio ambiente en el pequeño pueblo de Chicomuselo, Chiapas, donde estaba activa la empresa minera canadiense Blackfire Exploration con sede en Calgary, provincia de Alberta.
Blackfire Exploration, que fue disuelta en 2017, siempre negó cualquier implicación en el asesinato, el cual sigue impune.
La familia Abarca, junto a otros activistas, con el apoyo de organizaciones en México y Canadá, presentó en Ottawa una queja ante la Oficina del Comisionado de Integridad del Servicio Público de Canadá, solicitando formalmente una investigación sobre las acciones y omisiones de la Embajada canadiense en México en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca.
La embajada le había ofrecido apoyo a la minera a pesar de conocer las protestas contra las violaciones de los derechos ambientales y de los derechos humanos cometidos por la empresa, que llevaron al asesinato de Abarca en 2009, dicen la familia Abarca y organizaciones de defensa de derechos humanos
Sin embargo, y a pesar de haber admitido la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigara su conducta.
José Luis Abarca respondió en nombre de la familia.
“Estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, que reconoce que la embajada podría haber actuado de otra manera, se niega a ordenar la investigación”.
En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo importante para analizar los hechos.
“Fue razonable que el comisionado encontrara que la embajada no había violado código de conducta alguno”.
El juez basó su conclusión con el argumento de que las políticas de responsabilidad social, empresarial y de derechos humanos no tenían un carácter vinculante entre los diplomáticos canadienses
Además, dictaminó que fue “aceptable” la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria del alto interés público en garantizar una investigación pública adecuada de las acciones de los funcionarios públicos de Canadá en torno a los conflictos mineros alrededor del mundo dicen organizaciones implicadas en la defensa del caso.
José Luis Abarca. Foto: Ben Powless
«Tenemos la opción de apelar la resolución del juez y lo vamos a hacer. Vamos a acudir a todas las instancias necesarias.
Vamos a seguir luchando contra este sistema que limita mucho a las personas que luchan en búsqueda de justicia y que no nos apoya para esclarecer el papel de la Embajada canadiense en México con la empresa minera.
José Luis Abanca y su familia saben que“no nos va a regresar a mi padre pero si va a sentar un precedente en toda las Américas porque somos muchos defensores de los derechos humanos que estamos en esta lucha social, ambiental, de violación de derechos humanos Son organizaciones canadienses, mexicanas, que están acompañando este proceso, y que son fundamentales”.
El caso Mariano Abarca continuará dicen organizaciones
La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá presentaron su queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018.
Después que el Comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciaron su intención de llevar su denuncia a la corte federal en mayo de 2018.
No obstante, ahora ante este frustrante fallo, nuevamente refrendan su compromiso para que se efectúe una rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano. Con este objeto, están preparándose para ejercer su derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación.
Miguel Mijangos, Libertad Díaz, Jen Moore, José Luis Abarca, Charis Kamphuis, Miguel Ángel de los Santos en Ottawa, febrero 2018. Foto: Ben Powless
Durante su visita a Ottawa en febrero de 2018, la familia Abarca junto a una delegación, contó con el apoyo de MiningWatch Canada, el Fondo Humanitario Steelworkers, Common Frontiers, el Fondo de Justicia Social de la Alianza de Servicios Públicos de Canadá, el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), el Consejo de Canadienses, el Comité Latinoamericano de Derechos Humanos, Inter Pares, KAIROS y la Coalición para el Control Internacional de las Libertades Civiles.
Esto y más en la entrevista de Radio Canadá Internacional con José Luis Abanca.
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.