El primer ministro canadiense Justin Trudeau afirmo no querer cuestionar validez de la ley sobre la laicidad de Quebec. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld
Ley sobre la laicidad de Quebec : ¿Puede Justin Trudeau impugnar su validez?
Por Yessica Chavez | amlat@rcinet.ca Publicado el jueves 12 de septiembre de 2019 a las 17:00
Actualizado el viernes 13 de septiembre de 2019 a las 14:20
La validez de esta polémica ley ya es cuestionada por una estudiante árabe en educación que sería afecta por la entrada en vigor de la ley al final de sus estudios.
Ley sobre la laicidad del Estado
La Ley sobre la laicidad del Estado prohíbe llevar signos religiosos a los empleados del Estado en posición de autoridad (tales como jueces, policías, fiscales y guardias de cárceles), así como a otros empleados del Estado, como los profesores en las escuelas primarias y secundarias dela red pública y a los directores de esas escuelas. La ley tiene una cláusula que protege los derechos adquiridos de los empleados que llevan ya signos religiosos, a condición que conserven la misma función en la misma organización. También comprende disposiciones de excepción para sustraer la ley a artículos de las cartas quebequense y canadiense de derechos y libertades. Lo que equivale a decir que la Carta quebequense es modificada para estipular que “las libertades y derechos fundamentales deben ejercerse en el respeto de la laicidad del Estado”. Ningún acomodamiento razonable puede ser solicitado para sustraerse a esta obligación, precisa el documento que no incluye ninguna sanción penal o monetaria para los contraventores.
Ayer, Justin Trudeau, no negó la posibilidad que el gobierno federal intervenga en el juicio que pide que la ley sea invalidada.
Una posición que según el constitucionalista y profesor titular de la Facultad de derecho de la Universidad Laval, Patrick Taillon, revela un desfase entre las convicciones profundas de Justin Trudeau y sus acciones.
‘’El corazón del jefe y sus convicciones van en una dirección, pero por razones estratégicas, y electoralistas, las acciones que él anuncia denotan, más bien, un caculo, una moderación. Entonces esta ambigüedad va a seguirlo. Obviamente, los electores, en el plan político, tienen el derecho de saber si los partidos están en por o en contra este tipo de ley. ¿Toleran ó no el modelo quebequense de laicidad? ¿Van a contestar esta ley? El Nuevo partido democrático y el partido conservador tienen una posición mucho más matizada, pero clara que la de Justin Trudeau’’
Pero más allá de la estrategia electoral, la verdadera pregunta es de saber si el gobierno federal verdaderamente tiene algún recurso legal que le permita cuestionar la validez de la ley que adopto el gobierno de Quebec la pasada primavera.
Según Patrick Taillon, si el gobierno de Justin Trudeau quiere cuestionar esta ley deberá hacerlo de manera indirecta porque cuando la ley fue adoptada, también se adoptaron clausulas derogatorias que sustraen la ley a artículos de las cartas de derechos y libertades quebequenses y canadienses.
‘’Jurídicamente, el argumento principal para oponerse a la ley 21 sería la libertad de religión. Pero como recurrieron a las cláusulas de derogación, pusieron de lado ese artículo [de la carta] por al menos cinco años. Entonces en este momento, no se puede utilizar este argumento que sería el principal y el mejor. Desde entonces, varias personas avanzaron argumentos indirectos y desviados, ciertos son de diferentes artículos de la carta, otros tienen que ver con el ámbito de competencias, para tratar de encontrar como atacar esta ley. Lo que es importante de entender es que teóricamente, que el gobierno federal intervenga o no en la impugnación, no cambiaría nada porque ya hay otra gente que cuestiona la validez de la ley y los argumentos son más o menos los mismos. Claro que indirectamente e inconscientemente, cuando el gobierno interviene, él le da peso a los demandantes y podría influenciar al juez.’’
Sin embargo, frente a la declaración de su homologo federal, el primer ministro de Quebec, François Legault, pidió a todos los jefes de partidos canadienses de prometer que no van a cuestionar una ley adoptada en debida forma.
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