Cuarenta y siete organizaciones de la sociedad civil canadiense emitieron el 20 de septiembre 2019, en vísperas del Día Internacional de la Paz, una declaración sobre la violencia en Colombia en la que expresaron su «profunda preocupación» frente a la creciente crisis de derechos humanos en ese país y la amenaza actual al proceso de paz.
Recordemos que en 2016, un acuerdo de paz histórico entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue firmado con la esperanza de poner fin a 52 años de conflicto armado.
Sin embargo, hace menos de un mes, el proceso de paz se vio seriamente comprometido cuando varios ex comandantes desmovilizados y ahora disidentes de las FARC desmovilizados anunciaron que estaban retomando las armas. Para justificar su decisión, los excombatientes evocaron el incumplimiento del acuerdo de paz por parte del Estado colombiano, así como el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales y miembros desmovilizados de las FARC.
Según Raúl Burbano, del grupo Common Frontiers, una de las ONGs canadienses detrás de la declaración, el debilitamiento sistemático del acuerdo de paz por parte del Presidente Duque es altamente problemático.
Según este representante de Common Frontiers, la opinión general es que el presidente Duque y su partido político han socavado sistemáticamente el acuerdo de paz.
(Foto: ©Daniel Muñoz/AFP/Getty Images)
Además, dice el documento de las organizaciones canadienses, el Estado colombiano no ha destinado recursos financieros suficientes a varios componentes esenciales de este acuerdo,» ha atacado abiertamente el sistema de justicia transicional y ha tardado en reintegrar a lxs excombatientes en la vida civil».
¿Qué piden las organizaciones canadienses?
En el comunicado publicado recientemente, los grupos de la sociedad civil canadienses, reiteraron su «solidaridad con el pueblo colombiano», así como su apoyo a su deseo de construir un país donde prevalezca la paz y la justicia.
Además hicieron un llamado al gobierno canadiense para que utilice su estrecha relación con Colombia para:
● Manifestarse enérgicamente para condenar los asesinatos y el peligroso retroceso de la
implementación del acuerdo de paz.
● Presionar al gobierno colombiano para que respete sus obligaciones de proteger las vidas
y los derechos de los líderes y lideresas sociales, de lxs defensorxs de los derechos
humanos, así como de lxs insurgentes desmovilizadxs.
● Presionar al gobierno colombiano para que cumpla con sus obligaciones bajo el acuerdo
de paz y para que avance en su implementación sin más demora.
● Insistir firmemente en la reanudación de las negociaciones entre el gobierno nacional y
lxs insurgentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sabiendo que solo a través del
diálogo se resolverá el conflicto.
Los organismos también instaron al gobierno canadiense a aumentar su apoyo político y económico a las iniciativas de paz en Colombia, y a garantizar que los intereses comerciales y de inversión de Canadá en Colombia no perjudiquen de ninguna manera el proceso de paz.
Soldados patrullan las calles de Bello, una ciudad cercana a Medellín, Departamento de Antioquia, Colombia, el 21 de septiembre de 2019. (Foto: Joaquín Sarmiento/AFP/Getty Images)
Un informe canadiense sobre DDHH en Colombia
Ya en 2015, una coalición de ONGs canadienses llamada Colombia Working Group y de la que también formaba parte Common Frontiers había presentado un informe titulado «Colombia a la sombra de las violaciones de los derechos humanos» (Colombia In The Shadow Of Human Rights Abuses) en el que explicaba que el Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia (TLC), implementado en 2011, pretendía «proteger, mejorar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores».
Sin embargo, decía el informe, al igual que los acuerdos comerciales anteriores establecidos por Canadá, este tratado ha demostrado ser «un acuerdo comercial neoliberal estándar»:
En este informe, grupos de la sociedad civil canadiense que han trabajado en solidaridad con sus contrapartes colombianas expresaron su preocupación en cuanto a la introducción de un tratado de libre comercio en el contexto colombiano ya que podría tener efectos negativos inclinar más la balanza contra la defensores de los derechos humanos y de los trabajadores, ya perseguidos.
Debido a la preocupación de la sociedad civil de que el acuerdo de libre comercio entre Canadá y Colombia no haría sino agravar la crisis de los derechos humanos en Colombia, los gobiernos de los dos países acordaron presentar un informe anual en sus respectivos parlamentos sobre impactos del acuerdo en los derechos humanos.
Esta medida, según la Coalición Colombia Working Group, es mínima frente a las expectativas de una evaluación de impacto preliminar, independiente, imparcial y exhaustiva sobre los derechos humanos a petición del Comité Permanente de Comercio Internacional de la OMC al Parlamento canadiense.
(Foto: ©Lars Hagberg /AFP/Getty Images)
Una revisión de los informes anuales publicados desde 2011 hecha por la coalición revela según ellos, las deficiencias del Tratado comercial entre Colombia y Canadá y respalda las denuncias hechas por los defensores de los derechos humanos de que el gobierno canadiense ha optado por hacer la vista gorda ante la crisis de los derechos humanos en Colombia.
Los informes contienen poco reconocimiento de la situación de los derechos en Colombia y no examina el impacto de la inversión canadiense en el sector del gas, la minería y el petróleo de ese país.
El informe «Colombia a la sombra de las violaciones de los derechos humanos» también documenta el papel desempeñado por el gobierno canadiense y las empresas multinacionales canadiense. En algunos casos, estas últimas se han beneficiado de su desconocimiento de los derechos laborales colombianos, de sus prácticas ambientales peligrosas y contaminantes y han apoyado la militarización que conduce a violaciones de los derechos humanos.
Desplazados dentro de su propio país
Una calle de la villa miseria en Soacha, en las afueras de Bogotá, Colombia, el 29 de julio de 2014. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia tiene el segundo mayor número de desplazados internos, después de décadas de conflicto político entre rebeldes de izquierda, paramilitares de derecha y bandas criminales. (Foto: ©Eitan Abramovich /AFP/Getty Images)
Según la ACNUR, Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos de todo el mundo con 7.816.500 al cabo de 2018, de acuerdo con las estadísticas del Gobierno. Esta tendencia se viene repitiendo desde 2015.
Durante 2018 se reportaron 118.200 nuevos desplazamientos. Las regiones más impactadas por los desplazamientos masivos comprendieron aquellas del noreste en la frontera con Venezuela, la costa del Pacífico que colinda con Panamá y el noroeste, que comprende los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Chocó.
Además, la Corte Constitucional de Colombia cita investigaciones que demuestran que el 96,5% de los afrocolombianos registrados como desplazados viven por debajo del umbral de pobreza. Según datos del censo de 2005, el 30% de los afrocolombianos desplazados no tenían suficiente dinero para comer por lo menos un día a la semana y el 69% de los niños y niñas afrocolombianos desplazados no tenían acceso a la educación. En junio de 2019, Agnès Callamard, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, instó al gobierno colombiano a que deje de «incitar a la violencia» contra los miembros desmovilizados de las FARC. El Gobierno ha aumentado la seguridad en muchas partes de Colombia y ha reducido el número de número total de asesinatos. Otras mejoras incluyen: A pesar de estos importantes avances, persisten problemas muy graves, dijo la relatora en su informe. Los asesinatos reportados se cometieron en todo el país y, en general por unidades militares. Ocurrieron porque las unidades militares sintieron presión para mostrar éxito contra la guerrilla a través de los «conteos de muertos». Había incentivos tales como: Este último sistema carecía de supervisión y transparencia. Además, las fuerzas de la guerrilla siguen matando a civiles, especialmente a aquellos atrapados en una situación imposible entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas del Estado.[…] El Gobierno [colombiano] debería velar por que sus políticas no contribuyan directa o indirectamente a una mayor victimización de los grupos que han sido desproporcionadamente atacados por todas las partes a lo largo de los años del conflicto colombiano: los defensores de los derechos humanos, entre ellos sindicalistas y activistas por los derechos de las mujeres, minorías y lesbianas, gays y transexuales; Fuente: Agnès Callamard – Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions – Mission to Colombia.
Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un número significativo de asesinatos premeditados de civiles y de forma fraudulenta presentaron a los civiles como «muertos en combate». Aunque parece que estos supuestos «falsos positivos» no se llevaron a cabo como un acto de política de Estado, también parecen haberse llevado a cabo de forma recurrente, no fueron casos aislados
comunidades afrocolombianas e indígenas; y las personas que sufren una discapacidad física o mental.»
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