Diversas entidades intermedias de Colombia y Canadá están llevando a cabo en suelo canadiense una actividad denominada “Gira por la Justicia Energética: en Defensa del Río Cauca en Colombia”.
Los responsables de esa acción llevan a cabo la denuncia de la violación sistemática de los derechos humanos y ambientales provocados por lo que califican como el “nefasto megaproyecto hidroeléctrico” Hidroituango, llevado a cabo por el ente Empresas Públicas de Medellín, con la participación de capitales canadienses.
Los denunciantes sostienen que el complejo daña a un teeritorio ya castigado por la violencia. REUTERS/Fredy Builes.
Las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales denunciantes, buscan con la gira informar y sensibilizar al público canadiense, pero también obtener precisiones de parte de las autoridades respecto a los fondos destinados al financiamiento del proyecto.
Isabel Zuleta, portavoz del Movimiento Ríos Vivos, advierte sobre los impactos sociales, ecológicos y económicos que tienen este tipo de iniciativas en las poblaciones donde las mismas se llevan a cabo.
Entre las consecuencias, Zuleta resalta el hecho de que Hidroituango se emplaza en un territorio que en su momento fue asolado por la violencia que sacudió a Colombia durante décadas. La zona en cuestión alberga los cuerpos de cientos de esas víctimas y las entidades reclaman que el mismo sea protegido, como una forma de preservar la memoria de los hechos ocurridos y el derecho al duelo de familiares y allegados de las víctimas.
El agua es un recurso de supervivencia para los lugareños. Foto: riosvivoscolombia.org
En contraposición, la realización de Hidroituango implicó la inundación voluntaria de esas tierras, arrasando viviendas, campos de producción y hasta al cementerio local.
Según Zuleta, “desde su lanzamiento en 1997, este megaproyecto fue impuesto por medio de la violencia y el desplazamiento forzado de la población, víctima del conflicto armado”.
El comunicado producido por las entidades que impulsan la gira sostiene que “se registraron entre 60 y 110 masacres en la región y se produjeron cerca de 2000 víctimas de desaparición forzada, además de miles de desplazados”.
Por otra parte, tal como ha ocurrido en emprendimientos similares, Hidroituango no ha estado exento de represión hacia los defensores del territorio y a quienes se oponen a la devastación ambiental.
Porción del territorio colombiano afectado por la iniciativa. Imagen: riosvivoscolombia.org
El complejo se sitúa en tierras afectadas por diversas fallas geológicas, que hacen que el suelo tiemble frecuentemente lo que, sumado a numerosas irregularidades constatadas en la construcción, ha producido una seguidilla de derrumbes en las barreras de contención del agua, amenazando a las poblaciones cercanas con una catástrofe inminente.
En tal sentido, 113.000 habitantes de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, como también las municipalidades de Cáceres, Sabanalarga y Taraza, situadas sobre la ribera del Cauca, podrían desaparecer de la noche a la mañana.
Los reiterados pedidos para conocer el monto y destino de los fondos provistos por Canadá han quedado sistemáticamente sin respuesta.
El daño ambiental se suma al producido por la violencia política. Foto: riosvivoscolombia.org
La Caja de Depósitos e Inversiones de Quebec y el gobierno federal canadiense financian el proyecto.
“El dinero de los quebequenses y canadienses no debería ser utilizado por los gobiernos o las corporaciones para contribuir a proyectos de muerte”, sostiene un comunicado emitido por el Comité por los Derechos Humanos en América Latina.
La gira, que comenzó el 27 de octubre en Vancouver, se extenderá por cerca de un mes, en el curso del cual la problemática será expuesta ante el público, organizaciones y políticos de diversas ciudades, como Montreal, Winnipeg, Quebec, Toronto y Ottawa.
Isabel Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, nos brinda más detalles, en diálogo con Luis Laborda.
La gira busca informar a los canadienses y hallar respuestas. Foto: CDHAL.
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