El delito de tortura puede representar penas de cárcel de entre 5 a 10 años. Después de una investigación en detalle, la Fiscalía puede formular una acusación o desestimarla.
El presidente Piñera reiteró que la Fiscalía y los tribunales investigarán cualquier abuso que pudieron cometer las fuerzas de seguridad, así como prometió perseguir a grupos vandálicos que habrían causado destrozos, incendios y saqueos durante las protestas.
Un oficial de policía apunta su arma contra un manifestante durante una protesta contra el gobierno de Chile en Santiago de Chile el 30 de octubre de 2019. (Foto: ©REUTERS/Jorge Silva)
Los policías investigados
El fiscal de Santiago Este, Manuel Guerra, dijo que la investigación está relacionada con dos casos distintos durante el estado de emergencia de nueve días en la capital, Santiago, que inició el 18 de octubre.
Una de las investigaciones se refería a las acciones de 12 agentes de policía en Nuñoa, un suburbio de Santiago, donde los manifestantes desafiaron el toque de queda para llevar a cabo grandes manifestaciones pacíficas durante sucesivas noches dijo a la agencia Reuters un portavoz de Guerra sin dar más detalles.
El segundo caso se refiere a dos oficiales en el barrio conocido como La Florida que fueron acusados de golpear a un joven que
estaba esposado, dijo el portavoz.
Un manifestante es detenido por la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno de Chile en Santiago de Chile el 4 de noviembre de 2019. (Foto: ©REUTERS/Jorge Silva)
Cómo ha respondido el gobierno
Sebastián Piñera recordó que en los primeros días de manifestaciones solicitó a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, así como a la organización Human Rights Watch, que enviaran comisiones de verificación ya que no había “nada que ocultar”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó el miércoles que solicitó permiso para una visita de observación a Chile para evaluar la situación.
El mandatario subrayó que el protocolo de acción de la policía y militares cumple los estándares internacionales de respeto a los derechos fundamentales.
Manifestantes alzan sus brazos al paso de la policía durante una protesta contra el gobierno de Chile en Santiago de Chile el 29 de octubre de 2019. (Foto: ©REUTERS/Jorge Silva)
Saldo de las protestas
La mayoría de las protestas que comenzaron en octubre han sido pacíficas, pero algunas se han tornado violentas. Al menos 20 personas han muerto y miles han sido detenidos durante enfrentamientos, saqueos e incendios en Santiago, la capital.
El descontento forzó al gobierno a cancelar dos cumbres internacionales, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se debía llevar a cabo el 16 y 17 de noviembre próximo, así como la Conferencia Mundial sobre el Clima COP25, que se habría llevado a cabo en diciembre.
La Fiscalía ha dicho previamente que avanza en más de 800 causas de presuntas violaciones a los derechos humanos.
¿Qué pasa en Chile?
Las manifestaciones se iniciaron en protesta contra un alza en el precio del transporte, pero luego derivaron en demandas por diversos asuntos como pensiones, educación y salud.
La revuelta social que estalló más violentamente a la violencia a mediados de octubre trayendo consigo una cierta carga de viejas demandas sociales, económicas y políticas de nuevo sobre la mesa.
Un manifestante frente a frente a un agente de policía durante una protesta contra el gobierno de Chile en Santiago de Chile el 28 de octubre de 2019. (Foto: ©REUTERS/Pablo Sanhueza)
Una de ellas es la de sustituir la actual constitución, que data de la dictadura de Augusto Pinochet de 1973-1990.
Aunque el documento legal fundacional del país ha sido modificado varias veces desde que se promulgó en 1980, los manifestantes creen que un nuevo texto es clave para salvaguardar la seguridad social y establecer la participación ciudadana de los jóvenes en la
democracia.
Los que se oponen al cambio dicen que la actual Carta Magna ha dado estabilidad a Chile y hay demandas más apremiantes
que hay que abordar.
El miércoles el presidente de Chile envió al Congreso un proyecto de ley que aumentaría el salario mínimo, un elemento de una serie de
medidas para tratar de contener casi tres semanas de protestas antigobierno. La medida que busca garantizar un salario mínimo de unos 470 dólares mensuales.
RCI/Reuters/The Associated Press
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