El gobierno federal presentará este lunes sus argumentos en respaldo de la apelación que presentó en contra de un fallo judicial, que lo obligaría a pagar compensaciones a niños y familias indígenas.
Abogados federales fundamentarán la postura oficial, que busca revertir la decisión del Tribunal Canadiense por los Derechos Humanos, que dispuso las indemnizaciones.
En septiembre último, el tribunal ordenó a las autoridades en Ottawa abonar la suma de 40.000 dólares canadienses por cada niño indígena que fue separado de manera impropia de su familia a partir de 2006.
Muchos niños indígenas viven en condiciones que distan de ser ideales. REUTERS/Frank Gunn/Pool
Marco y antecedentes
La sustracción de los menores de las Primeras Naciones ha sido una práctica muy difundida en Canadá.
Alegando razones de seguridad, maltrato o falta de los cuidados necesarios, cientos de niños son apartados por la fuerza de sus familias.
Durante una parte del Siglo 20, esos menores eran entregados a instituciones religiosas donde padecieron un proceso de despojo cultural y, en muchos casos, sometidos a abusos físicos y sexuales.
En años más recientes, los organismos estatales pueden disponer que un infante sea sustraído a su familia natural y entregado a una sustituta, alegando la falta de condiciones normales para el desarrollo del niño.
Según cifras de la Asamblea de las Primeras Naciones, cerca de 54.000 menores y sus padres podrían acogerse a la compensación económica, que obligaría al Estado a desembolsar una suma total de alrededor de 2.000 millones de dólares.
El gobierno de Stephen Harper desfinanció la asistencia a las Primeras Naciones. CP PHOTO/ Mike Thomas.
Argumentos
En la fundamentación de su fallo, la justicia sostuvo que el gobierno cometió una discriminación “voluntaria e imprudente” en contra de los niños nativos afectados, al no haber asegurado el financiamiento adecuado de los servicios destinados a ellos y sus familias.
En Canadá son frecuentes las denuncias que sostienen que el país no cumple con su obligación de asegurar el suministro de servicios básicos a las poblaciones indígenas, aún a los menores, incluyendo asistencia sanitaria, seguridad, educación y apoyo psicológico.
Por su parte, las autoridades canadienses dijeron que apelaron el fallo debido a que el mismo fue dictado cuando el país se aprestaba a iniciar la campaña electoral con vistas a los comicios llevados a cabo el 21 de octubre último, lo que impidió al gobierno organizarse para cumplir con la fecha límite del 10 de diciembre próximo para efectivizar el pago de las compensaciones.
El propio primer ministro, Justin Trudeau, declaró estar de acuerdo con las conclusiones del tribunal, pero arguyó que su administración requiere un plazo más extenso para llevar a cabo las consultas necesarias.
La abogada Cindy Blackstock rechazó la postura del gobierno. THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick
Historia
Un informe presentado en 2005 por la Sociedad para el Cuidado de los Niños y las Familias de las Primeras Naciones, sostuvo que los servicios de salud y cuidados destinados a esa comunidad recibía un financiamiento 30 por ciento más bajo que iniciativas similares destinados a otros segmentos de la población.
En 2016, el Tribunal Canadiense por los Derechos Humanos, basándose en el caso del menor Jordan Principle, cuya adopción fue postergada durante varios años, sostuvo que el gobierno sub-financió voluntariamente los servicios de salud y cuidados brindados a los menores residentes en reservas indígenas en el Yukón.
Principle nació con diversos trastornos físicos que obligaron al pago de sumas elevadas de dinero para su tratamiento y cuidado, que dieron lugar a la demanda judicial para que el Estado reembolsara los gastos.
Consignada por la cadena en inglés de CBC/Radio-Canadá, la abogada Cindy Blackstock, titular de la Sociedad Canadiense para el Cuidado de los Niños y las Familias de las Primeras Naciones, sostuvo que desde 2007, cuando se presentó la demanda inicial, el gobierno sabía que podría hacer frente a una orden de la justicia para pagar una compensación, por lo que el argumento de las demoras ocasionadas por el período electoral no es razonable.
La justicia fijó la fecha del 10 de diciembre para que las partes intervinientes acuerden y presenten un mecanismo que permita efectivizar los pagos.
Al tiempo que el gobierno se apresta a fundamentar su postura, el ministro federal de Justicia, David Lametti, dijo que su administración quiere resolver la situación por medio de negociaciones entre todos los interesados.
El ministro Lametti quiere una solución negociada. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld
Fuentes: The Canadian Press / The Tyee / CBC.
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