El Tribunal de apelación de la provincia de Quebec no suspenderá temporariamente ciertos artículos de la Ley sobre la Laicidad del Estado como lo reclamaban el Consejo nacional de los musulmanes canadienses, la Asociación canadiense de la libertad civil y una estudiante que utiliza el hiyab.
Este grupo de personas argumentaba que ciertos artículos, como los que prohíben llevar signos religiosos a los profesores de escuelas primarias y secundarias de la red pública, debían ser suspendidos mientras que la validez de la ley 21 sea cuestionada.
El Consejo nacional de los musulmanes canadienses, la Asociación canadiense de la libertad civil y una estudiante que utiliza el hiyab pedían la suspension temporaria de los artículos 6 y 8 de la ley 21. FOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS
En el fallo de este jueves, dos jueces contra uno decidieron que la ley sobre la Laicidad del estado continuara a ser aplicada integralmente mientras se espera el inicio del juicio sobre su validez, en octubre 2020.
Reacciones
En un comunicado de prensa, la ministra de la Justicia provincial, Sonia Lebel, se alegró de la decisión. «El gobierno de Quebec constata con satisfacción que la Ley sobre la Laicidad del Estado permanece en vigor. Continuaremos a defender el buen fundamento y la constitucionalidad de esta Ley, como la de todas las otras leyes adoptadas democráticamente por la Asamblea nacional», opinó ella.
Su homólogo federal, David Lametti, afirmó haber leído la decisión. «Nuestra posición es clara desde el principio. El gobierno no puede decidir lo que sus ciudadanos llevan puesto», comentó el ministro.
Por su part, el Consejo nacional de los musulmanes canadienses manifestó su decepción y declaró examinar las opciones que se le ofrecen.
El jefe del Nuevo Partido democrático, Jagmeet Singh, deploró este fallo. «Es una lástima, porque sé que es una ley que discrimina, [una parte] de la población y que siempre trato de encontrar maneras de reunir a la gente», afirma el único jefe de un partido federal que lleva un signo religioso.
El líder del NPD, Jagmeet Singh es el único jefe de un partido politico que lleva puesto un signo religioso. Chris Wattie / THE CANADIAN PRESS)
Juez disidente
La juez principal del Tribunal de apelación, una de los tres jueces que examino esta cuestión formuló una opinión diferente.
Nicole Duval Hesler afirmó en su parte del fallo que ella hubiera aceptado parcialmente la apelación y hubiese suspendido la aplicación del artículo 6 de la ley que impide a las mujeres musulmanes que utilizan el hiyab.
Según ella, si el «legislador, en su sabiduría, creyó que al otorgar el derecho adquirido a las personas empleadas actualmente – que van a continuar a enseñar llevando sus signos religiosos- no menoscabe el interés público, la suspensión de un solo artículo de la Ley, susceptible de permitir a unas cuantas personas adicionales de enseñar llevando el hiyab no podría, en [su] modesta opinión, comprometer el interés público».
Notemos que el Consejo de magistratura canadiense recibió en las últimas semanas al menos 50 quejas sobre la juez principal de la Corte de apelación, Nicole Duval Hesler. Estas denuncias le reprochan una aparente falta de imparcialidad en la cuestión de la ley sobre la Laicidad del Estado.
Impacto desproporcionado sobre las mujeres
En su solicitud de suspender temporariamente los artículos 6 y 8 de la Ley, los solicitantes invocaban un carácter discriminatorio e inconstitucional, haciendo valer que esta tiene un impacto desproporcionado sobres las mujeres.
Según ellos, es obvio que de la entrada en vigor de la ley, la gran mayoría de personas impactadas son las mujeres musulmanas que llevan en hiyab. Por consecuente, ellos opinan que la ley contraviene al artículo 28 de la Carta de derechos y libertades canadiense que garantiza la igualdad de género.
La Corte de apelación de la provincia aceptó revisar el fallo rendido por la Corte superior el verano pasado.
En su fallo, el juez Michel Yergeau, de la Corte superior, había notado que la Ley sobre la Laicidad del Estado comporta una derogación explicita, como lo permita la Carta canadiense. Esta modalidad impide que los ciudadanos cuestionen una ley bajo el motivo que viola los derechos y las libertas inscritas en las Cartas canadiense o quebequense.
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