El tribunal de apelación revocó la decisión de la Corte superior de Quebec que había autorizado la acción de grupo de une veintena de mujeres que dicen haber sido agredidas o acosadas sexualmente por el fundador del grupo Juste pour rire, Gilbert Rozon.
El fallo, que no fue unánime, estima que esta causa no cumplía con los criterios necesarios para intentar una acción de clase.
« Los jueces estiman que los casos presentados no eran suficientemente conexos o similares. No se busca una homogeneidad perfecta, porque obviamente no existe, pero cada caso tiene que plantear cuestiones similares. En este caso, no todas las victimas tenían en mismo vínculo con el productor, ni la misma relación. Entonces no siempre se podía hacer vinculo causal entre la supuesta agresión y las consecuencias sobre las diferentes víctimas», explicó Isabelle Richer, analista judicial y periodista de Radio-Canada, en la antena de RDI.
Los jueces Martin Vauclair y Stephen Hamilton aceptaron la apelación del acusado, mientras que la jueza Dominique Bélanger la hubiese rechazado.
El tribunal no se pronunció sobre la validez de las acusaciones. Más bien evaluó si el recurso colectivo era el buen recurso judicial, en vez de haber intentado demandas individuales.
« Otros medios legales son a la disposición de los miembros que deseen intentar un acción contra el apelante. El rechazo de la acción de grupo no debería causar el abandono del proceso o la negación de la responsabilidad del apelante.
Esta acción había sido aprobada por el juez Donald Bisson de la Corte superior de Quebec el 22 de mayo 2018.
Representado por la actriz Patricia Tulasne, el grupo que se bautizó « Las Valientes» estima que por lo menos 20 mujeres fueron víctimas del productor caducado entre 1982 y el 2016. Lo que él niega.
El juicio criminal por violación y atentado contra el pudor contra Gilbert Rozon debe empezar el próximo junio en Montréal.
Repercusiones sociales
El caso de Gilbert Rozon surgió en plena tempestad del movimiento #MoiAussi (#YoTambién).
En enero del 2019, el gobierno provincial creó un grupo de discusión entre representantes de todos los partidos políticos.
El grupo de diputadas también evalúa la posibilidad de crear un tribunal específico a las cuestiones de violencia sexual.
La ministra de la Justicia, Sonia Lebel, la diputada del Partido Quebecois y portavoz sobre la condición femenina, Veronique Hivon, la disputada del Partido liberal y previa ministra, Hélène David, y la disputada de Quebec Solidario, Christina Labrie componen este grupo de discusión.
En diciembre, las cuatro mujeres anunciaron una subvención de 2.6 millones de dólares al organismo Juripop para la creación de proyecto piloto de servicios jurídicos gratuitos para las víctimas de violencias sexuales.
El programa, comenzó el primero de enero de este año y durará hasta el 31 de marzo 2021. Sera accesible en todo Quebec gracias a una red de abogados asociados a la iniciativa.
Por otro lado, el partido Quebec Solidario le pide al gobierno que sea abrogado el plazo de prescripción en relación con la violencia conyugal y con las agresiones sexuales. Este plazo de prescripción se aplica solamente a las demandas civiles y no a las criminales.
« La verdad es que hablamos mucho, pero se hace poco», dijo la diputada Christine Labrie.
El partido Coalition Avenir Quebec (CAQ) había prometido, durante su campaña electoral en el 2018, abolir este plazo de prescripción si era elegido. Una vez en el poder, el gobierno reitero su intención pero sin dar ningún detalle del tiempo que le tomaría cumplir su promesa.
Según la profesora de la facultad de derecho de la Universidad Laval, Louise Langevin, el sistema de justicia debe adaptarse a particularidad de las agresiones sexuales. « Las victimas ignoran, a veces, que los problemas de salud mental o, incluso, físicos, que viven son consecuencias de una agresión que ocurrió, tal vez muchos años antes», detalla la profesora.
Hay que notar que Quebec es una de las dos solas provincias canadienses que todavía mantienen la noción del plazo de prescripción. En 1993, la Corte suprema canadiense había dicho que las provincias deberían abrogar estos plazos de prescripción porque son perjudiciales para las víctimas.
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.