La Corte Suprema de Canadá rechazó el pedido de las autoridades de Columbia Británica para limitar el paso del oleoducto Trans Mountain por su territorio.
La provincia buscaba impedir que la vecina Alberta pudiese despachar el crudo a través de su territorio, con vistas a la concreción de los envíos de petróleo hacia el exterior.
El voto del Alto Tribunal, que se logró tras apenas unas horas de deliberaciones, fue unánime y habilitó al gobierno federal a seguir con su iniciativa sin ningún tipo de restricciones.
La inciativa recibió críticas y protestas por parte de ambientalistas. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward
El tema que estaba en disputa se refiere específicamente a la expansión de la iniciativa original, con vistas a poder despachar a través de la costa oeste del país los envíos de crudo provenientes de los yacimientos de arenas bituminosas de la provincia de Alberta, que cuenta con las reservas más importantes del país de ese producto.
Según anunció el jefe del tribunal, el juez Richard Wagner, la decisión se adoptó por unanimidad entre todos los miembros de la Corte y el mismo implica que Columbia Británica no podrá poner límite alguno a la expansión del oleoducto.
Las autoridades columbianobritánicas habían expresado sus reticencias a la iniciativa y habían reclamado tener voz para oponerse sobre todo al contenido de la carga transportada, alertando sobre los riesgos de un derrame y los daños que el mismo provocaría en su territorio.
El fallo de la Corte eliminó una de las últimas trabas que seguían en pie para la expansión del ducto, que busca conectar una red existente entre la ciudad de Edmonton en Alberta, con el puerto de Burnaby, en Columbia Británica, desde donde se producirán los despachos.
El gobierno canadiense hizo del tema una de sus prioridades. THE CANADIAN PRESS/Jason Franson
El asunto se convirtió en uno de los ejes de campaña de la actual administración provincial, en manos del Nuevo Partido Democrático, que había prometido oponerse al proyecto y recurrió a la justicia en un intento por bloquear el mismo.
De todos modos, los procuradores federales sostuvieron que la constitución de Canadá otorgaba al gobierno federal las atribuciones necesarias para decidir en la materia, como es el caso de todas las cuestiones que van más allá de las fronteras provinciales, afectando a varias jurisdicciones del país.
El gobierno canadiense sostiene que el oleoducto es necesario para incrementar las exportaciones del petróleo canadiense hacia el mercado internacional y así reducir la dependencia actual respecto a Estados Unidos, como comprador principal de este producto.
Ante el retiro de uno de los principales accionistas, la administración del primer ministro Justin Trudeau decidió comprar el oleoducto en 2018, para asegurar la continuidad del mismo, pero las autoridades han reiterado que tienen la intención de volver a vender su parte al sector privado.
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