El ministro de Educación de Nuevo Brunswick restó importancia a las amenazas que recibió por haber propuesto la obligatoriedad de la vacunación para todos los niños de su provincia.
Dominic Cardy había denunciado haber recibido mensajes intimidatorios por correo electrónico y las redes sociales luego de proponer que las campañas de vacunación sean obligatorias para todos los menores de edad.
El funcionario responsabilizó a los militantes contra las vacunas por los mensajes en los que él y su familia resultaron blanco de las amenazas.
Hasta el momento, las vacunas no son obligatorias en la provincia. AP Photo/Paul Vernon.
Su propuesta había llegado luego de un brote de sarampión que afectó a la provincia el año último, por lo que el ministro decidió presentar un proyecto de ley, obligando a todos los niños de su provincia a ser inoculados en contra de ese mal.
El gesto generó debate entre la población.
En Canadá, al igual que ocurre en Estados Unidos y en otros países, existe un movimiento social importante opuesto a las vacunas, ya que considera que estas son responsables de enfermedades graves, como el autismo, entre otras.
De todos modos, el ministro sostuvo estar abierto a un debate sobre su idea, a la que justificó en base al interés social, con vistas a evitar un nuevo brote de la enfermedad que afectó a numerosas personas a lo largo de 2019.
El ministro culpó a grupos antivacunas por las amenazas. THE CANADIAN PRESS/Marc Grandmaison
En tal sentido, Cardy puso como ejemplo a Alemania, donde las autoridades acaban de anunciar una operación mayor de vacunación, involucrando tanto a los estudiantes como a los empleados de escuelas, guarderías infantiles, centros médicos y dependencias comunitarias.
El proyecto de ley será tratado en la sesión legislativa de la primavera próxima y es intención de las autoridades que, de ser aprobado, entre en vigencia para la temporada escolar de 2021.
Según datos oficiales, que datan de junio de 2019, la provincia sumó 12 casos confirmados de sarampión.
El proyecto de ley obligaría a todos los menores inscritos en escuelas públicas y guarderías autorizadas a contar con una prueba de vacunación o una excepción redactada por un médico.
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