La vuelta al trabajo pleno en el Parlamento Canadiense, a partir del martes 18 de febrero, amenaza convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno minoritario liberal del primer ministro Justin Trudeau.
La crisis desatada desde hace varios días, tras el inicio de las protestas de miembros de los pueblos autóctonos, que se oponen al proyecto de gasoducto conocido como Coastal GalLink, mediante la realización de manifestaciones en todo el país, ha tenido como una de sus consecuencias la interrupción de servicios ferroviarios.
Esa iniciativa contempla la construcción de una red que tiene previsto atravesar el territorio ancestral de la primera nación Wet’suwet’en, ubicado en el noreste de la provincia de Columbia Británica.
Las protestas se llevan a cabo en diversos puntos del país. THE CANADIAN PRESS/John Morris
En tal sentido, el gobierno viene siendo blanco de las críticas de diversos sectores, que denuncian lo que consideran una contradicción entre el interés de las autoridades por la explotación de los recursos naturales, su declarada preocupación por el cuidado del medioambiente y la anunciada intención de reconciliación con los pueblos autóctonos, mediante los pedidos de disculpas y resarcimiento por los atropellos ocurridos en el pasado.
Entre las fuerzas opositoras con representación parlamentaria, el Nuevo Partido Democrático pidió al presidente de la Cámara de los Comunes, el equivalente a los diputados en el sistema parlamentario canadiense, que se lleve a cabo un debate de urgencia, para abordar la crisis desatada con los pueblos indígenas, que además de perturbar buena parte del servicio ferroviario ha bloqueado rutas y puentes en diversos puntos del país.
El proyecto Coastal GasLink contempla una red de 670 kilómetros de extensión, con una inversión de 6.600 millones de dólares.
Un grupo de jefes hereditarios de la tribu Wet’suwet’en reclamó el derecho de su gente a manifestar y a bloquear la iniciativa, al entender que la misma pasa por territorio ancestral indígena sin que se los consultara y se obtuviera su consentimiento al respecto.
El recinto de la Cámara de los Comunes, en Ottawa. Foto: iStock.
Las protestas llevaron a momentos de tensión entre los manifestantes y las fuerzas policiales, enviadas para ejecutar una orden judicial de remover los bloqueos.
El arresto de decenas de manifestantes generó una ola de críticas contra el gobierno, ante la presunta contradicción entre su accionar y su declarada intención de reconciliación con los pueblos originarios.
Además, Trudeau podría enfrentar la oposición de legisladores de su propio partido, que rechazan la aprobación de un proyecto minero para explotar un yacimiento de arena bituminosas en Alberta.
Los parlamentarios rebeldes consideran que tal iniciativa contradice los compromisos asumidos por el gobierno de Ottawa respecto a la lucha contra el cambio climático.
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