El virus de la injusticia en Chile: absuelven a criminales de lesa humanidad  

«Las consecuencias de la decisión de la Corte de apelaciones de Santiago son inmensas para el futuro de Chile ya que 8 de los condenados liberados también fueron absueltos de toda culpa a pesar de que cumplían condenas por crímenes de lesa humanidad, que nos son amnistiables ni prescriptibles».

– Marie-Christine Doran, politóloga, Universidad de Ottawa

En Chile, la justicia resolvió dejar en libertad domiciliaria a 17 exmilitares condenados por violaciones de Derechos Humanos. Ocho de ellos, además, fueron absueltos de crímenes que no son amnistiables.

Una sentencia que favorece a criminales de lesa humanidad que continuarán sus condenas bajo arresto domiciliario para evitar el contagio del COVID-19, dice la corte.

Una decisión criticada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile. Y por Marie-Christine Doran, politóloga, Universidad de Ottawa.

El terreno ya estaba preparado por el presidente chileno Sebastián Piñera quien había realizado declaraciones señalando que estaba evaluando ciertos casos de prisioneros a quienes podría indultar debido al posible contagio por la pandemia COVID-19, y agregando que «tienen derecho a una muerte con dignidad.

Entre ellos, algunos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Según el informe de 1991 de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile hubo más de 3400 casos de desaparición forzada, asesinatos, torturas y secuestros durante la dictadura de Pinochet. El paradero de muchos desaparecidos sigue siendo desconocido y los autores se niegan a revelar cómo se dispusieron los cuerpos.

Marie-Christine Doran es profesora de ciencias políticas de la Universidad de Ottawa. Le preguntamos su opinión sobre este hecho: ¿Usted cree que es solo un tema de la justicia? Su respuesta es un no categórico. La decisión de poner en libertad domiciliaria a criminales de lesa humanidad claramente demuestra que se trata de un acto de “carácter político”, dice.

“De hecho, según la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, es una decisión de carácter ideológico, que demuestra la lealtad de parte del sistema judicial a la herencia de Pinochet y pretende borrar los pocos avances en materia de justicia de DDHH que ha habido en Chile, a pesar de que la ley de amnistía de 1978 sigue vigente para los crímenes que no son reconocidos como siendo de lesa humanidad.”

Doran opina que la justicia chilena en este caso beneficia a los “verdugos aliados de Pinochet mientras castiga a otros presos”.

Porque la vida en la cárcel de Punta Peuco donde están cumpliendo condena los respresores es de lujo. Un lugar con espacios bien iluminados, con baños privados, acceso a televisión satelital, computadoras, canchas de tenis y áreas de barbacoa, mientras que donde cumplen sus condenas los presos políticos y los presos comunes es en cárceles de máxima seguridad.

“Más aún, esa misma corte de apelaciones de Santiago había rechazado, hace unos días, liberar a las personas detenidas en el marco de las manifestaciones que ocurren en Chile desde octubre, a pesar de sus condiciones carcelarias extremas, y de que varias organizaciones como el Alto Comisionado de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de la OEA han dicho varias veces que el acto de manifestar no es un delito y que deberían ser liberadas de inmediato”.

Una batalla desigual

Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Derechos humanos de Chile (19 de marzo 2020), en el marco de las manifestaciones hubo 32 muertos y las fuerzas del orden han cometido innumerables violaciones a los derechos humanos incluyendo 617 casos de tortura en las comisarías, 257 agresiones sexuales y violaciones cometidas por las fuerzas del orden, incluso contra menores de edad, sin mencionar el triste récord mundial que detiene Chile al contar 460 casos de lesiones oculares. 

“En este contexto que algunos especialistas no dudan en llamar «terrorismo de Estado», el gobierno actual, quien tiene tan sólo 6 % de apoyo, se aprovecha de la pandemia para agravar la pesadilla de muchos chilenos y chilenas al legislar a favor de los verdugos de ayer mientras se producen cada día más víctimas por el sólo hecho de salir a manifestar”.

Chile viola sus obligaciones internacionales

Para la profesora de la Universidad de Ottawa, Chile viola los tratados internacionales debido a que los 8 hombres amnistiados son miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia-DINA y autores emblemáticos y directos de los crímenes de lesa humanidad cometidos.

“Cabe resaltar que, con esa decisión, Chile está violando directamente todas sus obligaciones internacionales y también está enviando un mensaje terrible: que la garantía de no-repetición para los peores crímenes en el marco del derecho internacional, no se respeta en Chile.

“Además, como me lo explicó Soledad Castillo, abogada de derechos humanos en CODEPU y directora de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, un antiguo centro de tortura convertido en lugar de Memoria, los criminales que fueron absueltos son todos responsables de un número muy alto de víctimas, tirando desde helicópteros familias enteras, todavía vivas. Otro efecto devastador es que los juicios a los 8 condenados que ahora se encuentran absueltos se habían demorado muchos años, en medio de grandes obstáculos políticos y ahora los esfuerzos de justicia son aniquilados”.

Misión canadiense de observación a Chile

En pocos días se publicará en Canadá un informe final de la Misión canadiense de observación, que estuvo en ese país a inicios de enero y cuyas conclusiones, dice Doran, dan cuenta de que la violencia represiva y la criminalización no han cesado desde octubre.

El objetivo principal de esta Misión, de la cual participó la profesora Doran, fue documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas recientemente en Chile.  La misión estuvo conformada por delegados de diversas especializaciones y campos de intervención: diputados de los parlamentos del Quebec y de Canadá, representantes sindicales y de la sociedad civil e investigadores.

“Ese documento describe cómo el pasado 8 de marzo, mujeres de la Coordinadora feminista 8 de Marzo de Valparaíso y de Viña del Mar fueron severamente golpeadas por la policía, algunas con heridas de gravedad, después de salir a manifestar por el Dia internacional de la Mujer. En ese contexto, es más importante que nunca que Canadá exprese su preocupación y rechazo por esos hechos y medidas que violan gravemente los derechos humanos, y que debilitan aún más el Estado de derecho en Chile”.

A pesar de todo, Doran muestra un cierto optimismo. “Existe la posibilidad de que la Suprema Corte de Chile se oponga a esa decisión de un tribunal menor, y todos los que creen en un verdadero Estado de derecho en Chile así lo desean”.

Marie-Christine Doran es investigadora de la Escuela de Estudios Políticos, directora del Centro de investigación en criminalización de la protesta social, de la Universidad de Ottawa.