El difusor público canadiense CBC informó el viernes que el Servicio Canadiense de Seguridad e Inteligencia (CSIS) decidió retener una serie de registros internos bajo la sección 15(1) de la Ley de Acceso a la Información.
CBC había solicitado registros sobre las protestas encabezadas por los indígenas en febrero, que se extendieron por todo el país en apoyo a la oposición de los jefes herederos de los Wet’suwet’en a un proyecto de construcción de un gasoducto en sus tierras ancestrales, no cedidas.
La sección 15 permite eximir de toda difusión aquellos registros vinculados a actividades de inteligencia relacionadas con «la detección, prevención o supresión de actividades subversivas u hostiles», según una carta del coordinador de la rama de Acceso a la Información de la agencia.
Bill Blair, ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias de Canadá en la Cámara de los Comunes en la Colina del Parlamento en Ottawa. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld)
Por su parte, la oficina del Ministro de Seguridad Pública, Bill Blair, dijo que el uso por parte de la agencia de espionaje canadiense de una exención “por amenaza a la seguridad nacional” para retener los registros de las manifestaciones encabezadas por los Wet’suwet’en en febrero no debería ser relacionada con una perspectiva del gobierno federal sobre las acciones de costa a costa.
«Había muchas razones por las cuales la información fue retenida. No se seleccionó una sola razón para retener la información, y una [sola razón] no debería recibir primacía sobre las demás», decía la declaración de la oficina de Blair.
El artículo 15, subtitulado «asuntos internacionales y defensa», define las «actividades subversivas u hostiles» como el sabotaje, el terrorismo, las acciones dirigidas a un «cambio de gobierno», las actividades que «amenazan» a los canadienses o a los empleados federales y el espionaje.
En febrero la Policía Federal recurrió a la fuerza para hacer cumplir una orden judicial anticipada contra el bloqueo de los Wet’suwet’en y sus partidarios, mediante una serie de arrestos. (Foto: ©Jesse Winter/VICE)
El organismo también invocó otras secciones para retener esa información sobre las protestas de los indígenas canadienses en febrero, entre ellas:
13 1): información recibida en forma confidencial de otros gobiernos.
16 1) a) y c): información procedente de una investigación penal de las fuerzas del orden.
19 1): información personal.
23: información protegida por el privilegio abogado-cliente.
24: información restringida por otras leyes federales.
«El Servicio Canadiense de Seguridad e Inteligencia tiene el mandato de proteger a los canadienses y la definición de las amenazas a la seguridad del Canadá en la Ley del CSIS excluye específicamente la protesta y la disidencia lícitas. Eso significa que el CSIS no investiga a las personas u organizaciones que simplemente participan en la protesta y la disidencia lícitas», dice la declaración de la oficina de Blair.
«Sugerir que nuestro gobierno o cualquiera de nuestros organismos percibió que los pueblos indígenas actuaban en una forma de sabotaje, terrorismo o de manera que amenazaba a los canadienses o a los empleados federales no sólo es incorrecto, sino que sirve sólo para socavar nuestros esfuerzos de reconciliación con estas comunidades».
Los agentes de la Policía Provincial de Ontario arrestan a un manifestante en un bloqueo ferroviario en el Territorio Mohawk de Tyendinaga, cerca de Belleville, Ontario, el lunes 24 de febrero de 2020, mientras protestaban en solidaridad con los jefes herederos de la Nación Wet’suwet’en que intentaban detener la construcción de un gasoducto de gas natural en sus territorios tradicionales. (Foto: ©THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld)
La declaración de las autoridades de Seguridad Pública no proporcionó ni describió los registros que fueron eximidos de difusión en virtud del párrafo 1 del artículo 15.
Las manifestaciones comenzaron a principios de febrero después de que los equipos tácticos de la Policía federal (RPMC), con el apoyo de aviones no tripulados, helicópteros y perros policía, lanzaron una operación de represión y desmantelamiento contra los campamentos Wet’suwet’en que impedían a los contratistas de Coastal GasLink acceder a territorios indígenas. Esto en cumplimiento de un mandamiento judicial.
Los jefes hereditarios Wet’suwet’en se oponían al proyecto de gasoducto porque no tenía el consentimiento de la nación indígena para atravesar su territorio y señalaron que se hallaban amparados por una decisión de la Corte Suprema de Canadá de 1997 que afirma sus derechos.
La reacción a esa operación policial contra los indígenas que defendían sus tierras ancestrales fue inmediata. En el país se produjeron acciones de solidaridad indígena en forma de bloqueos ferroviarios, que a su vez enfrentaron órdenes judiciales que llevaron a nuevas acciones policiales y arrestos.
Esas medidas de protesta, con bloqueos de carreteras y manifestaciones, surgieron desde la provincia de Columbia Británica en la costa del Pacífico. hasta la Isla del Príncipe Eduardo, en la costa del Atlántico.
Operación de la policía federal canadiense contra los indígenas de la nación indígena Wet’suwet , en Columbia Británica, que se opone a la cosntrucción de un gasoducto en sus territorios ancestrales. (Foto: Twitter/Michael Toledano)
En el Territorio Mohawk de Tyendinaga, en Ontario, los manifestantes indígenas levantaron en pleno invierno un campamento junto a una vía férrea de la compañía CN Rail que conectaba Montreal con Toronto, paralizando durante casi un mes la circulación de trenes de carga y de pasajeros.
El 24 de febrero, la Policía Provincial de Ontario fue desplegada contra la manifestación de Tyendinaga, mediante una orden judicial. La operación tuvo un saldo de 10 manifestantes detenidos.
Días antes, el 21 de febrero, el primer ministro Justin Trudeau expresó que «las barricadas deben caer» y que «las órdenes judiciales deben ser obedecidas y la ley debe ser respetada».
Antes de esa conferencia de prensa, Trudeau convocó al Grupo de Respuesta a Incidentes, un comité federal secreto de ministros y funcionarios del gabinete «que se reúne en casos de una crisis nacional o durante incidentes en otros lugares que tengan repercusiones importantes para Canadá», según la descripción del gobierno.
Un portavoz de la oficina del Ministro de Seguridad Pública, Bill Blair, dijo en un correo electrónico que no podían comentar sobre aquellas manifestaciones consideradas ilegales por las fuerzas del orden o los tribunales.
Los manifestantes bloquean una vía férrea cerca de Belleville, Ontario, el jueves 20 de febrero de 2020, en solidaridad con los jefes herederos de los Wet’suwet’en que se oponen al proyecto de construcción del gasoducto Coastal GasLink en el norte de Columbia Británica. (Foto: LA PRENSA CANADIENSE/Justin Tang)
El difusor público CBC recibió sólo dos correos electrónicos como resultado de su solicitud de registros de CSIS sobre los eventos de febrero. Ambos correos, del 21 de febrero, fueron escritos en respuesta a la declaración de Trudeau.
«El Primer Ministro acaba de terminar una conferencia de prensa indicando que todas las vías de diálogo han sido agotadas y que ‘las barricadas deben caer'», dijo el correo electrónico fuertemente redactado, con el título, «Bloqueo – ACTUALIZACIÓN», y la importancia marcada como «alta».
Los nombres de los remitentes y los destinatarios están redactados. Parece haber sido dirigido a dos personas, pero se desconoce si copias fueron enviadas a otras personas.
Jeffrey Monaghan, profesor de criminología de la Universidad de Carleton en Ottawa, dijo a CBC que el uso de la exención del artículo 15 (1) por parte del Servicio Canadiense de Seguridad e Inteligencia para retener registros sugiere que la agencia de espionaje consideraba los bloqueos de carreteras y ferrocarriles indígenas y las manifestaciones como amenazas a la soberanía de Canadá.
«El CSIS no recoge información sobre las amenazas a la seguridad por casualidad; están monitoreando situaciones porque estas situaciones se ajustan a sus categorías y concepciones preexistentes de amenazas a la seguridad. Es así como las culturas institucionales reproducen lo que se considera una amenaza a la seguridad. Cuando se trata de comunidades indígenas que defienden sus territorios, hay repertorios profundamente coloniales que asocian a los defensores de sus tierras con la ilegalidad, el crimen y las amenazas a la prosperidad canadiense».
Jeffrey Monaghan, profesor de criminología de la Universidad de Carleton en Ottawa.
La declaración de la oficina del ministro de Seguridad de Canadá, Billl Blair, dice que Ottawa «trabajó las 24 horas del día» para resolver los «bloqueos de manera pacífica y duradera en colaboración con los jefes hereditarios Wet’suwet’en», y que el gobierno estaba trabajando para implementar los derechos y el título de su nación, lo que comenzó en serio después del anuncio de un acuerdo el 1 de marzo.
Una de las numerosas expresiones de apoyo a los indígenas Wet’suwet’en que defienden sus tierras en la provincia de Columbia Británica. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Chad Hipolito)
«Nuestro gobierno siempre defenderá el derecho de la gente a protestar pacíficamente. Quienes protesten legalmente siempre podrán hacerlo en nuestro país, y no los vemos como subversivos o ‘desafiando a la autoridad canadiense'», decía la declaración.
«La reconciliación sigue siendo una prioridad crucial para el gobierno y estamos trabajando incansablemente para renovar nuestra relación con los pueblos indígenas sobre la base del reconocimiento de los derechos, el respeto y la cooperación».
Manifestantes que apoyan a los jefes herederos de los Wet’suwet’en llevan a cabo un baile circular en un bloqueo en una línea de CN Rail justo al oeste de Edmonton, Alta, el 19 de febrero de 2020. (Foto: Jason Franson/The Canadian Press)
Para Pamela Palmater, indígena Mi’kmaq y profesora en el Departamento de Políticas y Administración Pública de la Universidad de Ryerson en Toronto, la lucha de los indígenas Wet’suwet’en y las luchas de los indígenas canadienses en general “muestra que el hecho de que no se aborden las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Canadá es un problema de larga data. La ONU ha tratado de llamar la atención sobre las graves violaciones de los derechos humanos y las crecientes tensiones en las relaciones entre la Corona y los indígenas durante muchos años, sin éxito. En el pasado, Canadá podía ignorar tranquilamente esos informes con poca consecuencia. Pero en junio pasado, Trudeau descubrió que hay un precio que pagar por los continuos abusos de los derechos humanos en Canadá y en el extranjero. Los pueblos indígenas, junto a cientos de personas prominentes y grupos de la sociedad civil, hicieron campaña oponiéndose a que Canadá obtenga un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, citando violaciones ecológicas y de los derechos humanos de las empresas mineras canadienses en todo el mundo, además de la venta de armas a países como Arabia Saudita y el uso de la policía militarizada para forzar la construcción de oleoductos y gasoductos a través de los territorios indígenas. Los canadienses pidieron a los países miembros que no voten por Canadá, y funcionó”.
Fuentes: CBC / J. Barrera / Nowtoronto / Mclean’s / Canadian Press / RCI
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