Edificio de la Legislatura del Territorio de Nuvanut en la capital, Iqaluit, Nunavut, el 25 de abril de 2015. (Foto: LA PRENSA CANADIENSE/Paul Chiasson)

Nunavut propone ley para que la Policía Federal esté bajo supervisión civil

El gobierno del Territorio de Nunavut presentó en su más reciente sesión de la legislatura un proyecto de ley que busca establecer una supervisión civil de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC) en caso de incidentes graves.

Sin embargo, ese proyecto de ley que será debatido por los miembros de la legislatura territorial a principios de 2021, deja también la puerta abierta a que la policía siga investigando la conducta de los policías federales en Nunavut en caso de incidentes graves, como los tiroteos que dejan muertos.

Según el viceministro de Justicia, Stephen Mansell, el gobierno de Nunavut busca “mejorar la transparencia y la reconciliación en el trabajo policial», añadiendo que el margen que el proyecto de ley otorga a posibles investigaciones policiales es “para permitir que con el tiempo la legislación evolucione hacia una mayor participación civil”.


«La intención de este proyecto de ley es permitirnos usar investigadores civiles y supervisión civil para alejarnos lo más posible de situaciones en las que la policía investiga a la policía».

Stephen Mansell, viceministro de Justicia de Nunavut.


Los miembros de la legislatura de Nunavut aprobaron el proyecto de ley 53 en su primera y segunda lectura en octubre. (Foto: Beth Brown/CBC )

El proyecto de ley 53, que busca enmendar la Ley de Acuerdo de Nunavut con la RPMC, recibió la primera y segunda lectura a finales de octubre.

La legislación propuesta le permitiría al gobierno contratar «una entidad para investigar” lo que se consideraría como incidente grave. Si eso no sucede, el gobierno puede contratar a una fuerza policial para llevar a cabo esa investigación.

Y si ni lo uno ni lo otro es posible, el gobierno «notificará a la RPMC», ya que según la Ley de Acuerdo de Nunavut con la RPMC, este organismo policial federal tiene la autoridad para investigar el incidente entre sus filas.

De acuerdo con la ley, la Policía Montada primero intentará encontrar un cuerpo de investigación o una fuerza de policía externa para que lleve a cabo la investigación, pero si esto tampoco ocurre, será la propia RPMC la que investigará el incidente.

El cuartel general de la Real Policía Montada de Canadá en Iqaluit., la capital del Territorio de Nunavut. (Foto: David Gunn/CBC)

Si se contrata a una fuerza policial para hacer la investigación, el proyecto de ley 53 establece que se puede nombrar un monitor civil para revisar la imparcialidad de la investigación.

Ese monitor no puede ser un policía en servicio activo, pero, dada su experiencia, puede ser un ex policía, dijo Mansell.

El monitor evaluará la imparcialidad de la investigación de la fuerza policial externa y, si es necesario, hará recomendaciones a los investigadores. 

El proyecto de ley no le otorga ninguna autoridad al monitor para que este pueda hacer cumplir esas recomendaciones. En cambio, podrá presentar un informe que puede llegar al Ministro de Justicia de Nunavut en caso de que no se resuelvan las preocupaciones sobre la imparcialidad de la investigación.

Interrogado si esos informes se harán públicos, Mansell dijo que el gobierno hará todo lo posible para compartir la mayor parte del trabajo del monitor, respetando la privacidad de las personas y la investigación.

La intérprete Atsainak Akeeshoo y el viceministro de justicia de Nunavut, Stephen Mansell. (Foto: CBC)

Benson Cowan, director del Departamento de ayuda legal de Nunavut, dijo que la legislación propuesta debería hacer obligatorio el informar al público sobre las investigaciones, así como requerir investigadores civiles.

Según Cowan, el hecho de que esa legislación no requiera una investigación civil muestra que el gobierno de Nunavut no está comprometido en asegurarse que exista una supervisión civil apropiada y una transparencia adecuada.

Mansell dijo que el gobierno de ese Territorio de 2.083.722 kilómetros cuadrados, y con unos 36.000 habitantes, estaba dedicado a asegurar la transparencia que los nunavummiut, como se llama a sus habitantes, están pidiendo.

Mansell también explicó que si hay preocupaciones sobre la necesidad de tener una mayor información, el Departamento de Justicia lo tomará en cuenta durante las consultas y discusiones que se llevarán a cabo entre los miembros de la legislatura de ese territorio en el Ártico canadiense.

Fuentes. CBC / T. Rohner / Canadian Press / RCI

Categorías: Indígenas, Política, Sociedad
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