La agencia canadiense de espionaje, el Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá, CSIS por sus siglas en inglés, necesita una orden judicial para utilizar un tipo de tecnología secreta que podría permitirle «conocer las actividades privadas y las elecciones personales de un individuo» como parte de su mandato de recopilación de información extranjera, según una reciente decisión de una Corte Federal.
Los detalles sobre la naturaleza exacta de esa tecnología y cómo se la utiliza fueron datos censurados en los documentos sobre el fallo del tribunal establecido en junio de 2020, y publicado este miércoles en línea.
Las conclusiones de la Corte Federal sólo mencionan que se trata de una tecnología que le permite al Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá (CSIS) obtener cierta información de los dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes.
El fallo surgió a raíz de una solicitud presentada en 2017 para la obtención de órdenes judiciales para recabar información de inteligencia extranjera sobre una entidad no revelada.
«Luego creció, convirtiéndose en un vehículo para la consideración de una serie de cuestiones», escribió el juez James O’Reilly en su decisión, que tenía párrafos enteros tachados.
Una de las cuestiones que examinó la Corte fue si el uso de esta tecnología ultrasecreta de telefonía móvil requiere o no de una orden judicial.
Un vehículo frente a la sede del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Canadá (CSIS) en Ottawa, el 5 de noviembre de 2014. (Foto: REUTERS/Chris Wattie)
La agencia de espionaje canadiense CSIS argumentó que parte de la información más valiosa que obtiene en apoyo de su mandato de llevar a cabo operaciones de inteligencia suele provenir de las comunicaciones interceptadas de «personas extranjeras asociadas con estados extranjeros, con grupos en estados extranjeros o corporaciones extranjeras.»
«Para obtener una orden para llevar a cabo estas interceptaciones, el servicio debe presentar motivos razonables para creer que una persona o personas extranjeras enviarán o recibirán comunicaciones a través de un dispositivo [texto tachado] concreto que sea de su propiedad o esté alquilado», decía el documento judicial.
CSIS también argumentó que, aunque las investigaciones que lleva a cabo empleando esta tecnología son búsquedas de información, estas operaciones son «mínimamente intrusivas».
Sin embargo, el juez O’Reilly dictaminó que la interceptación de este tipo de datos por parte del organismo de inteligencia canadiense «es más que mínimamente intrusiva» y requiere una orden judicial en virtud de una sección de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá que protege a las personas contra los registros y las incautaciones irrazonables.
«Tener acceso a estos datos le permitiría al servicio [CSIS] sacar conclusiones sobre las opciones de estilo de vida personal de un individuo… Por lo tanto, en mi opinión, la información [texto tachado] puede permitir inferencias sobre las opciones de estilo de vida y las actividades privadas que los individuos desearían mantener y proteger de las autoridades estatales. Su expectativa de privacidad sobre esa información es razonable».
James O’Reilly, juez canadiense.
O’Reilly dijo que el CSIS está autorizado a utilizar simuladores de sitios celulares (CSS) sin una orden judicial. Estos dispositivos pueden revelar el país donde se encuentra registrada la cuenta de telefonía móvil del usuario, así como la marca, el modelo y el número de serie del dispositivo.
Un sistema de captura de señales electrónicas se hace pasar por una torre de telefonía móvil para atraer las señales celulares cercanas. Cuando lo hace, puede interceptar el número de identificación único asociado a su teléfono, la identidad de abonado móvil internacional o IMSI. Ese número puede utilizarse para rastrear su teléfono. (Imagen: CBC)
La decisión dice que el mandato de recopilación de inteligencia extranjera de la agencia le proporciona «una base estatutaria suficiente y razonable» para ejecutar este tipo de investigaciones sin necesidad de una orden judicial, siempre y cuando estas operaciones se lleven a cabo de manera » razonable y mínimamente intrusiva”.
John Townsend, portavoz de CSIS, dijo que la agencia de inteligencia no podía hacer más comentarios sobre la decisión de O’Reilly respecto al uso de esa tecnología.
El juez de la Corte Federal canadiense también dijo que CSIS debe mejorar sus políticas en materia de recopilación de información «incidental» que recoge sobre los ciudadanos canadienses, incluidos los funcionarios electos, como parte de su mandato de recopilación de inteligencia extranjera.
En virtud de la Ley del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá, la agencia puede recopilar información sobre las «capacidades, intenciones o actividades» de Estados extranjeros o de cualquier persona que no sea ciudadana canadiense o residente permanente para ayudar al trabajo de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores.
En el marco de la solicitud de órdenes judiciales, se plantearon interrogantes sobre la interceptación incidental de las comunicaciones entre los miembros de las legislaturas federales o provinciales y los agentes extranjeros.
Por ejemplo, O’Reilly dijo que una persona extranjera que está siendo vigilada en virtud de una orden judicial puede llamar por teléfono a un diputado para discutir un asunto de interés o preocupación mutua. Los comentarios del diputado podrían entonces ser interceptados incidentalmente como resultado de la orden.
O’Reilly calificó esa situación como «una consecuencia inevitable de la recopilación de información extranjera».
«La conducta del servicio me pareció, en general, adecuada y satisfactoria. Sin embargo, sugiero que el servicio desarrolle líneas directivas para distribuir y no ignorar las identidades de los canadienses cuyas comunicaciones han sido interceptadas incidentalmente, y que proporcione al tribunal la oportunidad de comentarlas», escribió O’Reilly.
La Corte Federal canadiense dijo que la tecnología en cuestión permite al Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá recoger cierta información de los dispositivos móviles. (Foto: Martín Mejía/The Associated Press)
«También debe revelar específicamente cuándo existe la posibilidad de que las comunicaciones de un funcionario electo u otro servidor público puedan ser interceptadas, permitiendo a la corte imponer los términos y condiciones necesarios para la ejecución de las órdenes judiciales».
James O’Reilly, juez canadiense.
John Townsend, portavoz de CSIS, dijo que la agencia ha desarrollado desde entonces directrices con respecto a la gestión de la información recogida incidentalmente y las ha proporcionado a la Corte Federal para su revisión.
«CSIS acoge con satisfacción la decisión de la Corte Federal con respecto a los asuntos relacionados con [la sección 16] de la Ley del CSIS. Esta decisión demuestra aún más cómo CSIS acata su mandato y asume sus responsabilidades seriamente ante la Corte Federal y ante todos los canadienses».
John Townsend, portavoz de CSIS.
Cuando se trata de las comunicaciones de los funcionarios electos, el juez dijo que su preocupación por tener más cuidado surge de la naturaleza potencialmente secreta de la información.
«No es el privilegio parlamentario en sí mismo lo que acrecienta la necesidad de un mayor cuidado; de hecho, pocos funcionarios podrían alegar un privilegio real. Lo preocupante de la recopilación de información sobre los funcionarios públicos es que CSIS puede estar interceptando comunicaciones altamente delicadas procedentes de personas encargadas del gobierno de Canadá», dijo el juez de la Corte Federal canadiense, O’Reilly.
«Esa información, en particular la relativa a la identidad de las personas canadienses implicadas, debe tratarse con cuidado».
Esta foto sin fecha facilitada por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos muestra el StingRay II, un simulador de sitio celular utilizado con fines de vigilancia. La policía canadiense ha mantenido hasta ahora el uso de estos dispositivos fuera de la vista del público. (Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos/Associated Press)
O’Reilly dijo que a falta de mejores líneas directrices, las decisiones sobre la retención, divulgación y distribución de esa información es dejada a la discreción individual.
Una revisión del funcionamiento del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá, CSI, dada a conocer en octubre pasado demostró que los empleados del Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense consideran que el trabajo preparatorio para obtener una orden judicial es «un mal necesario» que limita actividades más valiosas, según un estudio independiente que pide un cambio cultural al interior de la agencia de espionaje.
La revisión, obtenida por The Canadian Press, encontró que la formación inadecuada, el secreto excesivo y una mala comprensión en general de las responsabilidades contribuyeron a que el CSIS no cumpla con su obligación de divulgación completa y franca a la Corte Federal al solicitar autorizaciones para llevar a cabo investigaciones.
Fuente: CBC / J. Bronskill / C. Tunney / Canadian Press / RCI
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