El gobierno del primer ministro Stephen Harper presentó una propuesta legislativa para hacer más severas algunas normas de la ley electoral de Canadá y más flexibles aquellas otras que rigen las donaciones políticas y los gastos de los partidos políticos.
El proyecto de ley incluye un registro público obligatorio para las llamadas electorales automatizadas y penas de cárcel para cualquier persona encontrada culpable de hacerse pasar por un funcionario del ente electoral, explico el conservador Pierre Poilievre, un ministro júnior encargado de la reforma democrática.
La legislación propone transferir la Oficina del Comisionado Electoral a la jurisdicción de la Oficina del Fiscal Público. El Comisionado es el responsable de hacer cumplir la ley electoral.
Yves Cote, el actual comisionado, tiene todavía más de cinco años de mandato en sus funciones.
Los conservadores de Harper proponen que en el futuro el comisionado sea designado por el director de la Fiscalía Pública por un mandato no renovable de siete años.
La propuesta también incluye legislación que prohíbe a ex candidatos políticos, empleados de partidos políticos, empleados ministeriales, miembros del personal de los parlamentarios y a los empleados de Elecciones Canadá ser nombrados al cargo de comisionado.
Los cambios también elevarán la donación política individual de 1.200 a 1.500 dólares y aumentará el límite de gastos de los partidos en un cinco por ciento.
Las donaciones de parte de las corporaciones, empresas privadas y los sindicatos seguirán siendo prohibidas.
La legislación también ajustará los requisitos de identificación exigidos a los electores. El tener al lado a una persona que pueda dar fe de la identidad de un votante en el lugar de votación ya no será permitido. También levantará la antigua prohibición de transmitir prematuramente los resultados electorales, lo que permitirá a los votantes en el oeste de Canadá saber lo que está pasando en las urnas en el este del país antes de ir a votar.
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