La financiera Inbursa y el conglomerado Grupo Carso, dos compañías de uno de los hombres más ricos del planeta, el magnate mexicano Carlos Slim, informaron este lunes que solicitaron amparos legales contra una decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el ente regulador mexicano de telecomunicaciones, que las declaró preponderantes en ese sector.
El periódico La Jornada de México informó el pasado 8 de marzo que en una histórica y contundente resolución, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) declaró preponderante tanto a Grupo Televisa como a todas las empresas de Carlos Slim, no solamente Telmex y América Móvil (Telcel), en los mercados de radiodifusión (televisión abierta) y telecomunicaciones.
En consecuencia, el organismo regulador les impuso diversas medidas y prohibiciones, como el obligarlas a compartir su infraestructura con otras compañías y no comprar contenidos exclusivos de gran audiencia, como los torneos de futbol o Juegos Olímpicos.
Por su parte, la financiera Inbursa y el conglomerado Grupo Carso informaron mediante comunicados enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que no son preponderantes en ese mercado ya que no tienen concesiones para operar servicios de telecomunicaciones, y que las medidas impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones son de «imposible ejecución».
Las declaraciones de preponderancia por parte de las autoridades mexicanas hacen parte de una reforma en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión en el país
Según Naciones Unidas, el 10% de la población más rica en México acapara el 42,2 del total de los ingresos, mientras que un 52,3 % de sus 121 millones de habitantes vive por debajo del nivel de pobreza, según cifras del Banco Mundial.
El Gobierno de México busca reducir el poder de mercado de América Móvil, así como mejorar el acceso y bajar los precios en beneficio de la población mexicana.
América Móvil, que opera casi del 70 por ciento de los teléfonos móviles y del 80 por ciento de las líneas fijas en México, no ha anunciado por el momento un amparo contra esa resolución, que la somete a reglas asimétricas más estrictas que a sus competidores y la obliga a compartir partes de su infraestructura.
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