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Canadá y el derecho a la muerte asistida

La Corte Suprema de Canadá centra su atención este miércoles en el suicidio asistido, un tema que genera fuerte polarización en la opinión pública del país, e incluso entre las diferentes administraciones de gobierno provinciales y federal. Esta última se opone a la instrumentación de la eutanasia para seres humanos, calificando a la misma como un delito que podría ser castigado con varios años de prisión.

El debate sobre el suicidio asistido no es nuevo en Canadá.  El antecedente más notorio se remonta a la década de 1990, con el caso de una mujer afectada de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa que afecta los músculos, provocando una parálisis progresiva, hasta llegar a causar la muerte.

En efecto, en 1993, Sue Rodriguez, una mujer residente de la provincia de Columbia Británica, en la costa oeste canadiense, no logró convencer al Alto Tribunal para que le permitiese solicitar la asistencia médica con el fin de que la ayudasen a quitarse la vida, ante el cuadro irreversible que presentaba en ella la enfermedad.  El 30 de septiembre de ese año, la Corte Suprema rechazó el pedido de la mujer por 5 votos contra 4.

Pocos meses más tarde, Rodriguez se quitó la vida apelando a los servicios de un médico anónimo.

El tema vuelve a resurgir ahora, a raíz de otros dos casos de ELA en la misma provincia, aunque sólo una de las pacientes sigue con vida.

 

Muerte asistida: para unos un delito, para otros una solución.
Muerte asistida: para unos un delito, para otros una solución. © PC/DARRYL DYCK

Los límites entre la ética y la ley

Está claro que el debate sobre el suicidio asistido está lejos de llevarse a cabo sin conflicto ni desacuerdos.

En la discusión no sólo entran en juego las implicancias legales de dicha práctica, sino también las creencias religiosas, los condicionantes económicos y, no menos importante, las libertades individuales.

En ese plano, la Asociación por las Libertades Civiles de Columbia Británica se convirtió en la responsable de que el tema sea abordado nuevamente en la Corte. La entidad sostiene que la Carta Canadiense de Derechos y Libertades tiene preeminencia sobre el Código Criminal.  Las penas contenidas en el mismo, para toda acción que tienda a brindar asistencia al suicidio asistido, llegan a los 14 años de prisión.

Según el director general de la Asociación, Josh Paterson, resulta inconstitucional someter a las personas enfermas al sufrimiento que implican enfermedades graves como el ELA. Según Paterson, la Constitución canadiense garantiza para todos la seguridad de la persona. En ese sentido, la entidad entiende que tal principio debería aplicarse a quienes su estado de salud ya no les permite ejercer su propia seguridad.

Los defensores del suicidio asistido afirman que la sociedad es actualmente más madura y que está preparada para afrontar el tema. Respalda su postura en numerosos ejemplos, a través del mundo, donde la eutanasia se aplica a las personas: Bélgica, Holanda y los estados de Washington, Oregon, Montana, Vermont y Nuevo México, en Estados Unidos.

Gloria Taylor, muerta hace 2 años. Su caso llega a la Corte.
Gloria Taylor, muerta hace 2 años. Su caso llega a la Corte. © PC/DARRYL DYCK

La opinión de los médicos

En la vereda de enfrente de la Asociación por las Libertades Civiles de Columbia Británica se encuentran los médicos.

Según algunas opiniones, la mayoría de los profesionales de la salud rechaza reconocer al suicidio asistido como una práctica aceptable.

March Beauchamp, cirujano ortopedista y presidente de la entidad Vivir Dignamente (Vivre dans la dignité, según su nombre original en francés), sostiene que sólo un médico de cada cuatro estaría dispuesto a participar en las tareas que impliquen facilitar la muerte de una persona enferma.

La muerte asistida divide a la opinión pública canadiense.
La muerte asistida divide a la opinión pública canadiense. © PC/DARRYL DYCK

 

La respuesta buscada

En el centro del debate, las personas que padecen enfermedades terminales esperan con ansiedad la decisión que adopte la Corte Suprema.

Es el caso de Elaine Shapray, afectada desde hace décadas por la esclerosis en placa, para quien el suicidio asistido se ha convertido en una opción necesaria en nuestros días. En su opinión, así como se aplica la eutanasia a animales con padecimientos graves, con el fin de evitarles el sufrimiento, también debería tenerse el mismo gesto hacia los humanos.

La decisión que adopten los 9 jueces que componen el tribunal se dará a conocer el año próximo.

Categorías: Salud, Sociedad
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