Los indígenas que viven en la frontera entre Perú y Brasil denunciaron nuevas amenazas de muerte de parte de madereros tras el asesinato de cuatro jefes locales que defendían sus recursos naturales en una remota región boscosa azotada por la tala ilegal.
Los líderes asesinados eran los «hermanos asháninkas Edwin Chota Valera, Leoncio Quincima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo, de la Comunidad Nativa Saweto», instalada en las cabeceras del río Tamaya, Región Ucayali, al noreste de Perú.
El crimen se produjo el año pasado en medio de un aumento creciente de la deforestación en el Amazonas y ha agudizado la preocupación de que los madereros ataquen a los pueblos indígenas, que se han convertido en sus oponentes más activos.
Las tensiones muestran la falta de ley en una de las fronteras con más biodiversidad del mundo y que por largo tiempo ha sido un punto de disputa entre las visiones de la explotación de los recursos con el argumento del “desarrollo” y por otro la conservación y el respeto al derecho de los pueblos indígenas a guardar y defender sus tierras ancestrales.
En los últimos años, los indígenas en las fronteras se han enfrentado con forasteros que buscan madera, petróleo, oro y el control de rutas de tráfico de drogas a Brasil, donde el Mundial de fútbol alimentó la demanda de cocaína peruana.
El grupo activista Global Witness señaló que la violencia pone en duda el compromiso de Perú con la protección de sus bosques y el reconocimiento de propiedad de sus tierras a las comunidades nativas.
Perú, que es anfitrión de las conversaciones sobre el cambio climático de Naciones Unidas, detuvo a tres taladores en conexión con los asesinatos. Sin embargo, esos arrestos no han frenado la tala ilegal en la zona fronteriza ni han puesto fin al tipo de acoso y violencia que antecedió a la muerte de los líderes indígenas, dicen los pobladores.
«Han habido incluso más amenazas», dijo el líder asháninka Reyder Sebastián por teléfono desde la región fronteriza.
Mediante transmisiones de radio o gritando a lo largo de los ríos, los leñadores advirtieron a los pobladores de que se queden tranquilos o enfrentarán la misma suerte que Chota, informó el líder Sebastián quien denunció haber recibido una cantidad de amenazas de muerte en su teléfono celular desde que reemplazó a Chota como líder local.
Perú dijo que la policía apostada cerca de la frontera después de los asesinatos podría ayudar a asegurar la protección y prometió enviar personal y recursos adicionales. La policía federal de Brasil también dispuso temporalmente el envío de tropas en la región.
La viuda de Chota, Julia Pérez, quien dio a luz a su tercer hijo el mes pasado, dijo que la policía peruana está apostada en un asentamiento donde viven los leñadores, cruzando el río de su pueblo nativo.
Muchos pobladores han dejado de aventurarse al bosque para cazar y recolectar materiales por temor a enfrentarse con leñadores ilegales, dijo Sebastián. Otros han abandonado sus casas y se han mudado a Brasil.
Muchos temen que la investigación por asesinato se cerrará sin que los culpables enfrenten a la justicia.
Isaac Piyako, un jefe asháninka de Apiwtxa en Brasil, adonde Chota y sus compañeros se dirigían el día en que fueron asesinados a tiros, dijo que se vieron tres botes con ocho hombres armados cerca de la escena del crimen.
«Hay otros que financiaron y organizaron este crimen», dijo Piyako. «Podrían estar en Brasil o en Perú», agregó.
El fiscal peruano Edder Farfán se hizo eco de sus preocupaciones y dijo que tenía tres órdenes de arresto contra sujetos vinculados con los permisos de tala en la zona, de quienes se sospecha ordenaron los asesinatos.
«La policía aún no los ha encontrado y eso es preocupante», dijo Farfán.
Dos concesiones de tala se superpusieron en Saweto, donde Chota vivía. Agregó que la tala de árboles había sobrepasado los límites legales.
Días antes de los asesinatos, una comisión del Gobierno de Lima inspeccionó las concesiones por primera vez a pedido de Chota, según la ONG local ProPuris, que había estado ayudando al activista.
Chota también se había reunido con comunidades asháninkas en Brasil, que a diferencia de Perú tiene un mandato constitucional para destinar grandes porciones del territorio para los indígenas.
El dirigente esperaba perseverar en sus esfuerzos para obtener derecho legal a la tierra, lo que les daría a los asháninkas más poder para impedir el ingreso de leñadores.
En Perú, unas 1.160 comunidades nativas han buscado sin éxito conseguir títulos de sus tierras ancestrales en los últimos 30 años, según la federación indígena Aidesep.
La muerte de Chota llevó al Gobierno del presidente peruano, Ollanta Humala, a prometer a Saweto el título de propiedad que Chota había intentado conseguir durante más de una década.
Pero el proceso ha enfrentado problemas, con el gobierno central y provincial culpándose por las demoras.
Grupos ambientalistas dicen que fortalecer los derechos a la tierra de la población indígena detiene la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero.
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