El gobierno canadiense no ha cumplido con una sentencia judicial que ordenó el reintegro de la atención de salud a los solicitantes de refugio. Es el argumento de los abogados defensores que será presentado ante la corte la próxima semana, quienes regresan a una lucha que pensaban que habían ganado en julio pasado.
EscucheMédicos Canadienses para la Atención de Refugiados, estará de regreso en la corte federal la semana próxima para tratar de forzar al gobierno a cumplir con una decisión de julio 2014 que revirtió los cambios de atención sanitaria de los refugiados introducidos hace dos años por el gobierno de Stephen Harper.
En 2012 el gobierno federal redujo el nivel de atención de salud a los solicitantes de refugio que tenían ese derecho, con el argumento de que el gobierno no debía pagar los servicios médicos a “falsos” solicitantes de refugio.
Médicos canadienses se opusieron a la distinción que hace el gobierno entre «falsos» y «auténticos» refugiados, porque los cambios producidos en 2012 se aplicaban también a demandantes cuyas solicitudes fueron procesadas y que estaban a la espera de una audiencia.
El Dr. Meb Rashid atiende cada semana a refugiados en su clínica especial en Toronto. Él ha visto de primera mano los efectos de los recortes del gobierno al restringir su acceso a la atención médica.
Sabemos que los adultos no tienen acceso a los medicamentos para los ataques al corazón o las enfermedades crónicas como la diabetes como era en el pasado.
Es por eso que Rashid y otros médicos denunciaron al gobierno ante los tribunales. El verano pasado ganaro el juicio.
El Tribunal Federal dictaminó en julio que los refugiados afectados por el programa fueron víctimas de “un castigo cruel e inusual” en virtud del artículo 12 de la Carta de Derechos y Libertades, sobre todo porque afectaba a niños traídos al país por sus padres.
“Los cambios aportados podrían poner en peligro la salud, la seguridad o la vida de niños inocentes y vulnerables de una manera que choca la conciencia y viola la dignidad humana”, había escrito en su sentencia la jueza Anne Mactavish.
La decisión de la corte significó que la mayoría de los solicitantes de asilo en espera de una decisión sobre su estatuto accederán temporalmente a una cobertura médica similar a la del conjunto de los ciudadanos canadienses. El gobierno federal tenía que restaurar temporalmente la cobertura de atención de salud a los solicitantes de refugio a la espera del resultado de la apelación en el Tribunal Federal.
La jueza le dio al gobierno un tiempo para ajustarse a la decisión. El gobierno apeló pero fue rechazado.
El ministro de Inmigración Chris Alexander había declarado:
“Nosotros no consideramos justo que los solicitantes de asilo cuyos casos fueron escuchados y rechazados o incluso que han presentado solicitudes fraudulentas, reciban atención de salud, que a veces supera la asistencia sanitaria recibida por los canadienses,” declaró.
Así que el gobierno no tuvo otra opción que acatar el fallo en noviembre pasado y restaurar el antiguo programa a la espera de una decisión final. El ministro de Inmigración, Chris Alexander había declarado al respecto:
Estamos haciendo esto porque el tribunal nos ha ordenado hacerlo. Nosotros respetamos esa decisión aunque no estamos de acuerdo con ella.
Pero los médicos dicen que el nuevo plan reinstalado parcialmente no es respetado y que viola el fallo, así que acuden a la corte nuevamente.
El Dr. Philip Berger, uno de los fundadores de Médicos Canadienses para la salud de los refugiados, afirma que el gobierno está jugando a la política con las personas vulnerables.
El comportamiento del gobierno, desde el principio se ha caracterizado por la ilegalidad, la tergiversación y el menosprecio hacia los refugiados, los médicos y ahora hacia el tribunal federal.
«No hay nada que el gobierno federal diga acerca de la salud de los refugiados que se pueda creer. Lo que el gobierno subestima es que nosotros, los médicos, somos más tercos que él, porque nuestro objetivo es justo y el suyo no lo es», dijo Berger, director la salud en el Hospital St. Michael de Toronto.
Los abogados del gobierno federal sostienen que el juez no tiene la jurisdicción para revisar su decisión. Que una apelación está en marcha, por lo que solo el tribunal de apelación deberá resolver esto.
Al gobierno no le gusta que los tribunales le digan lo que debe hacer.
Lorne Waldman del grupo de Abogados de Refugiados dice que el gobierno está esquivando el tema.
Hay miles de refugiados que no están recibiendo la cobertura de salud ahora y no podemos darnos el lujo de esperar, porque si esperamos ponemos en riesgo sus vida.
La jueza dijo que tomaría tiempo analizar las preocupaciones de los médicos. Pero prometió entregar su decisión pronto.
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