Cuando un inmigrante obtiene la residencia permanente obtiene casi todos los beneficios de un ciudadano canadiense. Este estado le permitirá obtener también eventualmente la ciudadanía canadiense si cumple con todos los requisitos.
Para ello, debe, entre otras cosas, mantener su estatus de residente permanente, ya que la condición se puede perder en determinadas situaciones, especialmente cuando usted no cumple con el requisito de residencia.
El artículo 28 de la Ley de inmigración y refugio, prevé que el residente permanente cumpla con la obligación de residencia, entre otros, a partir del momento en que está físicamente presente en Canadá por lo menos 730 días durante un período de cinco años consecutivos calculados a partir de la obtención o renovación del permiso de residencia permanente.
Así, aunque el residente permanente puede salir de Canadá, viajar, trabajar y vivir en el extranjero, cuando regresa a su casa, tiene que demostrar que ha residido en Canadá por lo menos 730 días (o dos años) durante un período de cinco años.
Este período de residencia es también obligatorio cuando el residente desea renovar su tarjeta de residencia permanente. Por otra parte, el mero hecho de tener esta tarjeta o certificado de residencia permanente no exime a la persona de la obligación de residencia.
Así que después de su estancia en el extranjero, cuando el residente permanente entra en Canadá se someterá a una revisión por parte de un funcionario de inmigración para determinar si cumple con el requisito de residencia, y esto, incluso si quedan varios meses antes de la expiración de la tarjeta de residente o del período de cinco años.
Algunos residentes permanentes creen que pueden, después de obtener su tarjeta de residencia permanente, salir de Canadá y regresar sólo unos meses antes de la expiración de la tarjeta para renovar. Sin embargo, al hacerlo, los residentes permanentes pueden no cumplir con el requisito de residencia adjunta a su estatus.
Por último, con la aprobación de las reformas a la Ley de Ciudadanía (proyecto de ley C-24), que entrarán en vigor en 2015-2016, le será más difícil al residente permanente obtener la ciudadanía canadiense.
Entre otros, el residente deberá estar presente en Canadá por lo menos cuatro años (1.460 días) sobre los seis años anteriores a su solicitud de ciudadanía, mientras que en la actualidad es de tres años (1095 días) sobre los cuatro años anteriores a la petición.
Asimismo, el residente deberá estar presente durante al menos 183 días al año en el transcurso de cuatro años sobre seis años anteriores a la solicitud de la ciudadanía.
Fuentes: CBC-Radio Canada- Courrier Laval
Criminales, ciudadanos y residentes permanentes
En junio de este año entran en vigor las nuevas reglas de ciudadanía, y de acuerdo a la nueva ley, algunos ciudadanos canadienses ya no tendrán la posibilidad de conservar la ciudadanía de por vida.
Los ciudadanos naturalizados y los nacidos en Canadá pero que también tienen la ciudadanía en otro país, podría perder su ciudadanía, en caso de traición a la patria, de terrorismo, espionaje o por haber cometido actos criminales.
Sin embargo, menos inmigrantes condenados por delitos se enfrentan a la revocación de su residencia permanente
En cuanto a los que cuentan con la residencia permanente, algunas cifras sorprenden, indica el periódico Toronto Star, bajo la pluma del periodista Nicholas Keung. Los inmigrantes condenados por delitos se enfrentan a una pérdida de su condición de residentes permanentes, pero el número de personas que están siendo deportadas ha disminuido considerablemente desde que Ottawa aprobó la Ley de aceleración de la expulsión de los delincuentes extranjeros en 2013.
Mientras que los funcionarios son incapaces de explicar por qué, el número de residentes permanentes que han sido enviados a un proceso de inadmisibilidad tras ser declarados culpables de crímenes ha disminuido en casi un tercio, de 1.149 en 2012 a 790 en 2013, y 499 a partir de septiembre de 2014.
Y de acuerdo con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, el número total de personas expulsadas – incluidos los extranjeros, así como los inmigrantes y los ciudadanos privados de su estado – ha ido disminuyendo de manera constante, de 18.938 en 2012 a 15.473 en 2013.
Desde el 7 de noviembre pasado, sólo 10.780 personas habían sido deportadas en 2014. Y de esas, según datos de la agencia, sólo 963 fueron enviadas de vuelta a sus países de origen a causa de la conducta criminal, frente a 1.206 en 2012 y 1.154 en 2013.
La nueva ley endurece los criterios bajo los cuales la gente a la que se le ordenó su expulsión por motivos de delincuencia puede apelar esa decisión. Bajo el régimen actual, los individuos pueden presentar una apelación ante el tribunal de apelaciones de inmigración sólo si fueron sentenciados a menos de seis meses de prisión en Canadá. Bajo las viejas reglas, el plazo era de dos años.
Los críticos se han quejado de que la ley fue mal elaborada ya que realmente trata de expulsar a personas que han estado aquí por mucho tiempo como residentes permanentes, pero que no han adquirido la nacionalidad canadiense, y cuyos crímenes pueden ser condenas menores, como la posesión de plantas de marihuana.
Abogados, académicos y defensores dijeron también que están desconcertados por la caída en las expulsiones y que no se puede especular sobre cualquier posible vínculo con la nueva legislación.
Manuel Rieaz Mohamed, de 21 años, es uno de los residentes permanentes que trata de luchar contra su deportación bajo la nueva ley.
Nacido en Guyana, Mohamed emigró a Canadá con su madre cuando tenía 3. Fue criado por sus abuelos después de que su madre se volvió a casar.
En octubre de 2012, fue declarado culpable de dos cargos de robo y uso de un arma de fuego y allanamiento de morada. Él ahora está cumpliendo una sentencia de cárcel de tres años y tres meses en la penitenciaría Joyceville en Kingston.
«Manuel no es un mal tipo, dice su abuela materna, Hannah Harinanan, que tiene artritis grave, lo que le ha impedido trabajar. «Él se sentía abandonado y cayó en manos de gente equivocada.»
Harinanan dijo que la familia apenas podía llegar a fin de mes y no tenía el dinero para solicitar la ciudadanía canadiense, que ahora cuesta $ 530, más $ 100 por el derecho de cuota de ciudadanía para los candidatos seleccionados.
Sol Gombinsky, el abogado de la familia, dijo al periódico Toronto Star que el caso de su cliente no es atípico en el nuevo régimen.
«Nosotros no toleramos las actividades criminales, pero Manuel no se merece una condena a cadena perpetua. Él ya está cumpliendo una condena en la cárcel por lo que hizo «, dijo Gombinsky. «Él vino aquí cuando era un bebé y ha vivido toda su vida en Canadá. Él es un producto de Canadá. Y lo quieren enviar a un lugar donde no tiene amigos o familiares».
Mohamed no es elegible para presentar una apelación y pedir clemencia del tribunal de apelación de inmigración porque su pena de cárcel supera los seis meses.
¿Cómo funciona la Ley de aceleración de la expulsión de los delincuentes extranjeros para expulsar rápidamente a una persona de Canadá?
Despojando a personas como Mohamed de la oportunidad de apelación, un proceso que toma casi de 2 años para ser atendido.
Según datos del gobierno, el número de apelaciones realizadas por residentes permanentes condenados por delitos y que se consideran admisibles ha caído de 40 por ciento, pasando de 586 casos en 2012 a 350 el año pasado, y sólo 151 a partir de septiembre del 2014.
«La decisión de expulsar a alguien de Canadá no se toma a la ligera. La Ley de Protección de Inmigración y del Refugio establece que las órdenes de expulsión deben aplicarse tan pronto como sea posible «, dijo Line Guibert-Wolff, portavoz de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. «La CBSA está firmemente comprometida a hacerlo.»
Harinanan dice que su nieto ha aprendido la lección y se merece una segunda oportunidad.
«Estoy muy asustada. Manuel no tiene a nadie si regresa y Guyana no es un lugar muy agradable y seguro «, dijo. «¿A dónde va a ir?»
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