Un análisis estadístico de los cambios en las leyes y procedimientos ambientales sugiere que el gobierno conservador en Ottawa ha abandonado todos los intentos de proteger los lagos y ríos de Canadá.
Después de haber examinado una gran cantidad de datos y docenas de solicitudes de autorización de proyectos, el profesor de derecho en la Universidad de Calgary, Martin Olszynski, llegó a la conclusión que los protocolos de protección federal de los cursos de agua han ido disminuyendo en acción y en eficiencia desde hace una década.
Olszynski, quien presentó sus hallazgos en un artículo publicado en la revista Journal of Environmental Law & Practice, concluyó entre otras cosas, que el abandono de la protección de los hábitat de los peces «no ha sido progresivo».
El monitoreo ambiental realizado por el Departamento de Pesca y Océanos también disminuyó significativamente durante la década que iniciara en el año 2000.
- El lago Maligne. Foto: Radio-Canada/Jonathan Lavoie
El Dr. Olszynski llegó a la conclusión de que el objetivo de los cambios en la legislación ambiental en 2012 no fue reducir la carga administrativa, como el gobierno lo ha sugerido, sino más bien modificar los límites establecidos anteriormente para la protección del medio ambiente.
En su artículo, el profesor Olszynski explica que en 2004 el gobierno decidió reducir al mínimo la vigilancia de los proyectos calificados como de bajo riesgo, lo que ha reducido a la mitad el número de proyectos evaluados.
Además, desde el 2012 se ha observado una segunda caída en el número de solicitudes de autorización de proyectos y esta disminución coincide con la época en que el gobierno conservador canadiense modificó las leyes ambientales.
El análisis también muestra que los funcionarios conceden autorizaciones para proyectos sin siquiera observar la planificación de los desarrolladores para resolver los problemas ambientales que puedan surgir. Ésto, a pesar de que la ley federal requiere que esos planes sean aprobados antes de que los proyectos inicien.
Asimismo, las advertencias y las acusaciones emitidas por los funcionarios del ministerio a las compañías privadas con proyectos que podrían tener un impacto ambiental, han disminuido de 300 a 50 desde 2012. Esta disminución coincide con la reducción del tiempo que los funcionarios federales pueden dedicar a este trabajo. En efecto en los últimos 3 años esta actividad pasó de 35.000 horas a 10.000.
El presupuesto del Departamento de Pesca y Océanos se ha reducido de $ 80 millones en 2012. Un segundo corte de $ 100 millones se prevé en los próximos tres años.
Un portavoz del ministerio federal, Kevin Hill, defendió por correo electrónico los cambios realizados por el gobierno conservador.
«Antes de las enmiendas a la Ley de Pesca, todas las actividades – de los más grandes proyectos de desarrollo industrial a los proyectos más pequeños en terrenos privados, tales como zanjas de drenaje, estanques artificiales y canales de riego – estaban sujetos a las mismas reglas» escribió.
«El Departamento seguirá evaluando proyectos que suponen un daño significativo a los peces y a su hábitat», dijo Hill, y señaló que los reglamentos y procedimientos a seguir para evitar tener un impacto en los peces está disponible en el sitio web el ministerio. «Cuando se siguen estas instrucciones , los proyectos con bajo riesgo para los peces y su hábitat pueden proceder sin demora innecesaria», sostuvo Kevin Hill.
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