El gobierno federal comunicó las directivas al Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad (SCRS-CSIS por sus siglas en francés e inglés) con respecto a la utilización de los poderes que le confiere la nueva y controvertida ley antiterrorista, pero la mayoría de estas directivas no serán divulgadas públicamente.
Numerosos párrafos de estas directivas ministeriales presentadas a los servicios secretos fueron tachados en virtud de las disposiciones de la Ley sobre el acceso a la información en lo que respecta a la seguridad, las deliberaciones internas y los secretos del gabinete.
Según la oficina del ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, las oficinas ministeriales no participan al tratamiento de los pedidos de acceso a la información y no tendrían nunca que hacerlo.
La decisión del gobierno de guardar secretas la mayor parte de las directivas destinadas al SCRS no logró tranquilizar a los que se inquietan por las repercusiones de la Ley antiterrorista, también conocido como Proyecto de ley C-51, un proyecto de ley ómnibus sobre la seguridad adoptado el verano pasado.
La ley ofrece a los servicios secretos el poder de contrarrestar los complots terroristas, permitiéndole incluso transgredir la Carta de Derechos y Libertades si obtienen la autorización de un juez antes de pasar a la acción.
Por su parte, Josh Paterson, director general de la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica, dijo que uno de sus principales temores con respecto a la Ley C-51, es el hecho que esta le haya otorgado nuevos poderes importantes a los Servicios secretos, entre otros el de violar la Constitución.
El ministro de la Seguridad Pública no dicta al SCRS su comportamiento diario, pero le somete regularmente directivas escritas que le sirven de marco general para su toma de decisiones.
Las instrucciones publicadas en julio pasado combinaban y reemplazaban dos series de directivas presentadas precedentemente: una sobre las actividades de la organización y a otra sobre sus responsabilidades con respecto al ministerio.
Para elaborarlas, los representantes del ministerio de Seguridad Pública consultaron al SCRS, el ministerio de Justicia, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), el ministerio de Relaciones Exteriores y el entonces ministro de la Seguridad Pública,Steven Blaney.
Estas instrucciones establecen “los principales parámetros” que rigen el recurso de la SCRS a sus nuevos poderes en virtud de los proyectos de ley C-51 y C-44, que abordan temas como la protección de fuentes y la utilización de mandatos judiciales, se puede leer en una nota de servicio dirigida al ex ministro Blaney, el 29 de julio 2015.
La copia de las directivas, obtenidas por la agencia Prensa Canadiense, menciona los principios fundamentales que el SCRS debe observar, tales como el respeto de la ley, la utilización de métodos operacionales razonables y proporcionales a la amenaza, el tratamiento decente de fuentes y la necesidad que sus actividades al exterior del país tengan en cuenta los intereses del ministerio de Relaciones Exteriores, así como la seguridad de las misiones diplomáticas y del personal en el extranjero.
Los detalles relacionado a la forma cómo el SCRS debe hacerlo para alcanzar sus objetivos fueron todos tachados.
Radio Canadá/Prensa Canadiense.
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.