El Congreso brasileño dio el primer paso hacia un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con la presentación de un informe en el que se recomienda avanzar hacia un proceso con miras a su destitución.
Rousseff es sospechosa de haber manipulado las cuentas fiscales para permitir a su administración inflar los gastos con el objetivo de atraer votos para la campaña para la reelección en 2014.
Ella negó enérgicamente haber cometido un crimen y afirmó que sus predecesores habían utilizado técnicas contables similares. Rousseff calificó de tentativa de «golpe de Estado» los esfuerzos de destitución.
El informe, redactado por el diputado Jovair Arantes, quien actúa como instructor de una comisión especial de la Cámara Baja, supone apenas el primero de los escalones del proceso que definirá si Rousseff responderá a un juicio político.
El instructor insistió en que «un proceso de ‘impeachment’ no es un golpe de Estado», pues es realizado por el Parlamento, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución y ratificadas en diciembre pasado por el Tribunal Supremo.
De acuerdo con el instructor, las maniobras mediante las cuales el gobierno contrajo deudas con los bancos públicos para financiar sus gastos corrientes sin reflejarlas en los balances fiscales sí constituyen un «delito de responsabilidad».
Las conclusiones del Sr. Arantes sorprenden a pocas personas, ya que es un aliado cercano del presidente de la Cámara Eduardo Cunha, al origen del proceso de juicio político.
La Comisión debe determinar por votación la próxima semana si adopta las recomendaciones. Pero incluso si son rechazadas, el proceso de destitución será votado en la Cámara de Diputados. Ese voto tendrà lugar a finales de este mes.
Radio Canada/PRESSE CANADIENNE
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