En los últimos decenios, la lucha contra la tortura ha sido uno de los principales temas de interés del derecho relativo a los derechos humanos. El primer texto jurídico internacional para prohibir específicamente la «tortura» fue la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 5). El primer tratado para prohibir la tortura, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), se aprobó poco después, en 1950.
El año 1984, la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas se convirtió en el primer instrumento internacional vinculante exclusivamente dedicado a la lucha contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y frecuentes de nuestro tiempo.
Canadá está listo a añadir su nombre al tratado contra la tortura más de una década después de su aprobación por las Naciones Unidas.
El protocolo facultativo en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas permite a los líderes de las organizaciones nacionales e internacionales inspeccionar los centros de detención donde a menudo la tortura se practica en completo secreto.
El tratado fue aprobado por la ONU en 2002. A pesar de que decenas de países firmaron el acuerdo, Canadá no ha ratificado el protocolo. El gobierno del conservador Stephen Harper se había comprometido a hacerlo dos veces, pero nunca mantuvo esa promesa.
El gobierno liberal de Justin Trudeau pasará al acto, aseguró Chantal Gagnon, portavoz del ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Dion.
Según la señora Gagnon, el ministro «dio los primeros pasos» hacia el acuerdo e inició conversaciones formales sobre el protocolo con los gobiernos provinciales y territoriales.
Algunas organizaciones abogan por la ratificación del protocolo desde hace años. Incluso Amnistía Internacional Canadá ha anunciado una conferencia de prensa sobre el tema para el jueves.
Los partidarios del protocolo creen que este es un paso importante para erradicar la práctica de la tortura en el mundo.
Según ellos, la ratificación de Canadá reforzaría su capacidad para animar a otros países a abrir las puertas de los centros de detención para las inspecciones detalladas.
RCI/La Prensa Canadiense
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