“Al igual que los sindicatos y los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales de beneficencia merecen la libertad de expresión” es el titular de un editorial publicado por el periódico canadiense de circulación nacional The Globe and Mail.
Como concepto, dice el artículo, la caridad tiene sus raíces en los textos de derecho inglés del siglo XVII. Una definición más apropiada y moderna podría ser que la beneficencia es aquello que el ente de aplicación de los impuestos, la Agencia de Ingresos de Canadá y sus amos políticos, determinen que lo sea.
Una organización benéfica con sede en Ottawa presentó recientemente una demanda ante los tribunales para impedir que la Agencia de Ingresos de Canadá le retire su estatus de organismo exento del pago de impuestos, con el argumento de que lleva a cabo demasiada actividad política.
Los abogados de la organización Canadá sin pobreza argumentan que el derecho constitucional de su cliente a la libertad de expresión está siendo violado injustificadamente, lo cual es cierto, dice el editorial del Globe and Mail.
Canadá sin pobreza es una organización benéfica incorporada federalmente, no partidista, sin fines de lucro y dedicada a la eliminación de la pobreza en Canadá. Está registrada como entidad de beneficencia. Su principio de acción es que la pobreza es una violación de los derechos humanos.
El tratar de quitarle a Canadá sin pobreza su estatus de organización civil exenta del pago de impuestos es un vestigio del gobierno conservador de Stephen Harper y su decisión en 2012 de gastar millones de dólares para que la Agencia de Ingresos de Canadá lance auditorías contra organizaciones de la sociedad civil, una acción que para muchas voces entre los organismos no gubernamentales era una caza de brujas.
Los liberales pusieron un alto a todas las nuevas auditorías en enero pasado, pero permitieron que otras 24 auditorías sigan su curso.
Si la decisión parece dudosa en términos de equidad, la ley que lo permite también es dudosa.
El gobierno de Canadá proporciona cierto nivel de tratamiento fiscal preferencial a toda una variedad de organismos políticamente activos, incluyendo a los propios partidos políticos. Los sindicatos, que son nominalmente entidades dedicadas a la negociación de condiciones de trabajo, no vacilan en utilizar su libertad de expresión para influir el campo político partidista.
Registrarse como entidad de beneficencia implica ajustarse a una densa red de normas que rigen lo que puede y no puede hacerse. Por ejemplo, una organización benéfica puede encargar una investigación que permita recomendar cambios legislativos, publicar un anuncio en los medios, y organizar una marcha frente al Parlamento canadiense.
Registrarse como entidad de beneficencia también implica aceptar estrictos límites sobre cuánto es lo que puede «explícitamente comunicar al público que una ley, una política o una decisión de cualquier nivel de gobierno dentro o fuera de Canadá debería ser retenida, opuesta o modificada.» Una cierta actividad política es permitida, pero no demasiado. El punto de equilibrio depende de la perspectiva de la burocracia estatal, dice el Globe and Mail.
Tradicionalmente, el estatus de beneficencia se resume a una cuestión de propósito: ayudar al prójimo o contribuir a mejorar la sociedad, lo cual estaba bien en la época isabelina, mucho antes de la existencia de las grandes corporaciones y las organizaciones sin fines de lucro.
Las organizaciones de beneficencia de la sociedad civil no deben convertirse en instrumentos para elegir o derrotar a los gobiernos; ese no es su rol. Ellas tampoco son instituciones únicas, separadas totalmente de otras entidades sin fines de lucro que sí pueden dar a conocer sus posiciones políticas.
Ottawa debe poner fin a las auditorías y modernizar sus leyes obsoletas, ya que la libertad de expresión debe aplicarse a todo el mundo en Canadá, dice finalmente el editorial del periódico canadiense de circulación nacional, The Globe and Mail.
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