El ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, que encabeza la oposición política, planteó este lunes que los jefes de la guerrilla de las FARC sean sometidos al menos a cinco años de prisión y que no ocupen cargos de elección popular como parte de sus iniciativas para modificar un acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la mayor fuerza guerrillera en Colombia.
El ex mandatario, que gobernó entre el 2002 y el 2010, y sobre quien pesan sospechas de vínculos con el paramilitarismo, también propuso conceder una amnistía a los guerrilleros que no estén implicados en crímenes de lesa humanidad y emplearlos en la erradicación de cultivos de hoja de coca.
Uribe también se opone a la expropiación de tierras a personas que supuestamente las compraron de buena fe.
Estos términos fueron presentados por el propio Uribe en una reunión con delegados del Gobierno del presidente Santos como parte de los esfuerzos para lograr un consenso que permitan rescatar el acuerdo de paz con el mayor grupo rebelde del país y poner de este modo fin a un conflicto que dura ya 52 años que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
Uribe dirigió al grupo de colombianos que votó la semana pasada en un plebiscito en contra de un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un resultado que dejó el pacto en el limbo ante la imposibilidad para el presidente Juan Manuel Santos de implementarlo.
Los líderes de la campaña del «No» exigen renegociar el acuerdo de paz con el argumento de que otorga demasiadas concesiones a las FARC.
Santos dijo que su Gobierno seguirá escuchando a los voceros del «No», pero pidió obrar con rapidez y advirtió que el mayor enemigo es el tiempo.
«Quiero hacer un llamado para que este diálogo sea fructífero: Primero, que no se presenten propuestas imposibles. Segundo, ayúdennos a avanzar con sentido de urgencia, es decir, no dilatar. Y tercero: el diálogo debe establecerse partiendo de dos bases fundamentales, realismo y verdad», aseguró el mandatario en una alocución por radio y televisión.
La derrota en el plebiscito impide a Santos implementar el acuerdo que firmó con el máximo líder del grupo guerrillero Rodrigo Londoño y que contempla que 7.000 combatientes dejarían las armas para formar un partido político.
El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC dijeron que están abiertos a discutir ajustes y precisiones al acuerdo de paz. Pero las exigencias de Uribe son excesivas para el grupo rebelde que había acordado pagar hasta ocho años de penas privativas de la libertad, pero no cárcel, y 10 escaños en el Congreso a partir del 2018 durante dos periodos.
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