Al acabar el año, un editorial del periódico canadiense Toronto Star destaca que un sindicato canadiense: el Instituto Profesional de la Administración Pública de Canadá, que representa a unos 48.500 profesionales que trabajan para el gobierno, ha logrado en sus negociaciones con Ottawa retirar la mordaza que impedía a los científicos comunicar sobre su trabajo.
Según el periódico de la mayor ciudad en Canadá, esto es algo bueno para la ciencia y para la democracia.
Fue en 2012 que más de 2.000 científicos y académicos llevaron a cabo una simbólica ceremonia fúnebre, con ataúd y todo, frente al Parlamento canadiense para protestar contra los ataques del gobierno de Stephen Harper contra la ciencia y los científicos, ataques que empezaron en 2006, cuando el líder conservador fue elegido por primera vez como primer ministro de Canadá.
La guerra lanzada por Harper contra la ciencia fue tan agresiva que en 2015 una organización sin fines de lucro, Evidencia para la Democracia, que promueve el uso transparente de la evidencia científica en las decisiones de gobierno, calculó que unos 5.000 científicos que trabajaban para el Gobierno federal habían sido despedidos y más de 250 instituciones y programas de monitoreo e investigación habían sido cerrados. A los científicos que todavía conservaban sus puestos de trabajo el gobierno de Harper les impuso una mordaza, silenciándolos.
La situación era tan mala que una de las exigencias en las negociaciones llevadas a cabo por el Instituto Profesional de la Administración Pública de Canadá fue que a los científicos a los que este sindicato representa se les permita hablar abiertamente sobre su trabajo, publicar los resultados de su investigación sin temor a la censura y viajar al extranjero para colaborar con otros colegas científicos.
Según el Toronto Star, parecía que Canadá estaba viviendo como si estuviera en pleno año 1615 en lugar del 2015.
Felizmente, a mediados de diciembre de este año el sindicato de los profesionales de la función pública canadiense anunció que había llegado a un acuerdo tentativo con Ottawa que otorga a los científicos federales el derecho de compartir sus investigaciones con los medios de comunicación, sin necesidad de haber sido designados previamente como voceros oficiales.
Esto es una victoria no sólo para el sindicato, sino también para el buen gobierno y una democracia saludable. Tal como señaló en 2015 Margrit Eichler, del grupo de campaña “Científicos por el derecho a saber”, las buenas políticas deben basarse en evidencias sólidas y la democracia requiere un electorado bien informado.
No fueron sólo los canadienses los afectados por la mordaza impuesta por el gobierno a los científicos y por la desaparición de instituciones de investigación. Era el mundo que estaba perdiendo el importante aporte científico de Canadá.
Durante los años de gobierno del conservador Stephen Harper, tanto el New York Times, la revista Nature, el periódico The Guardian y la revista The Economist publicaron artículos críticos que pedían que se les permita hablar a los científicos canadienses.
Sin embargo, este objetivo no será tan fácil como parece, incluso con un cambio de gobierno.
Aunque en su campaña electoral el primer ministro Justin Trudeau prometió una mayor apertura y rendición de cuentas, comenzando con poner fin al amordazamiento de los científicos federales, documentos obtenidos por el Toronto Star en febrero pasado muestran que la tarea no será fácil
Esto porque será necesario un «cambio cultural» total para que la burocracia federal pueda superar una cultura institucional de «divulgación limitada» y de una «formulación de políticas insular», prácticas alimentada por los 10 años en que los conservadores se mantuvieron en el poder, recomiendan los documentos.
Según todos los indicios, Trudeau parece comprometido a llevar adelante un gobierno más abierto, lo cual debe ser tranquilizador para los científicos que trabajan para el gobierno federal, quienes todavía están nerviosos, y con razón después de todo lo que han tenido que vivir bajo el anterior gobierno.
Al inscribir en un acuerdo con el gobierno el derecho a discutir y difundir su trabajo, los científicos federales han logrado tanto la protección de sus puestos de trabajo y han hecho que sea mucho más difícil para cualquier futuro gobierno el amordazarlos de nuevo.
Todo esto es bueno para los científicos, y para la democracia, dice finalmente el editorial del Toronto Star.
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