Antes de 1982, los principios constitucionales de Canadá se encontraban en la Ley de la América del Norte británica (AANB). Sólo el Parlamento en Londres, que la adoptó en 1867, tenía el poder de cambiar el contenido.
El 17 de abril de 1982, la reina Isabel II se encuentra en Ottawa para firmar la Ley de 1982 sobre Canadá. La ley pone fin al poder del Parlamento del Reino Unido de modificar la Constitución de Canadá e incorpora la Carta de Derechos y Libertades.
La Carta Canadiense de Derechos y Libertades garantiza entre otros la libertad de expresión, la libertad de religión, el derecho al voto, el derecho a la igualdad, a la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable ante un tribunal independiente e imparcial.
El artículo 35 de la Constitución de 1982, que contiene la Carta, confirma también los derechos ancestrales o provenientes de tratados de los pueblos aborígenes de Canadá.
«Las palabras incorporadas en la Carta representan nuestros derechos, nuestras libertades y especialmente nuestra responsabilidad colectiva», dijo con motivo del 35 aniversario el primer ministro Justin Trudeau.
El derecho a la educación en la lengua de la minoría está previsto en virtud del artículo 23 de la Carta. Este derecho garantiza que los padres, cuyo primer idioma aprendido y todavía entendido es el de la minoría lingüística francesa o inglesa de la provincia en la que reside, podrán educar a sus hijos en ese idioma.
La Carta tiene rango constitucional, es decir, hace inaplicable o inválida una disposición de una ley federal o provincial incompatible con ella.
La Carta también establece que cualquier persona que considere que sus derechos fueron violados puede recurrir a los tribunales para obtener reparación.
En los últimos 35 años, la Corte Suprema emitió cientos de decisiones en las cuales ella ha interpretado y precisado los derechos consagrados en la Carta canadiense.
Radio Canadá
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