Un tribunal de apelaciones rechazó el recurso presentado por el ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien brega porque se le permita participar en las próximas elecciones presidenciales en ese país sudamericano, previstas para octubre próximo.
Tras el fallo de la justicia brasileña, las aspiraciones de Lula para acceder nuevamente al gobierno aparecen mucho más comprometidas.
A pesar de la marcha judicial en su contra, acusado de corrupción, el ex mandatario sigue siendo el favorito para imponerse en los comicios presidenciales, según los sondeos de opinión.
La opinión pública brasileña está dividida en torno a la figura del ex mandatario. REUTERS/Diego Vara.
La Corte Suprema de Brasil podría negar a Lula el derecho a permanecer en libertad, aun cuando todavía no han sido decididos los diferentes recursos legales para evitar que el ex líder sindical vaya a prisión, por los cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Los abogados de da Silva habían presentado diversos pedidos para que se aclaren cuestiones técnicas en la condena contra el ex jefe del Ejecutivo, dictada tiempo atrás por un tribunal de Porto Alegre.
Tres jueces rechazaron por unanimidad un recurso presentado por la defensa del jefe de la izquierda brasileña, que en la actualidad tiene 72 años de edad.
De todos modos, según ya había expresado el Alto Tribunal, la definición en torno a si Lula irá o no a la cárcel no podría ser adoptada antes de la próxima sesión del cuerpo judicial, prevista para el mes de abril.
De esa manera, la Corte evitó que el ex presidente pudiera ser detenido automáticamente tras la decisión de los jueces de Porto Alegre.
Los seguidores de Lula denuncian una maniobra para vetar la candidatura de su líder. REUTERS/Ueslei Marcelino.
Da Silva presidió el gobierno de la mayor economía de América Latina entre 2003 y 2010 y se encuentra a la cabeza de las preferencias del electorado, con un 35 por ciento de la intención de voto.
Lula y su esposa están acusados de poseer un departamento que había sido propiedad de una empresa de construcción inmersa en un escándalo por corrupción.
La firma OAS habría sido beneficiada con contratos del Estado, principalmente relacionados con la compañía petrolera Petrobras, una de las mayores empresas energéticas de la región, a cambio de favores políticos.
La empresa se habría hecho cargo de los costos de reformas y del pago del alquiler del inmueble, por un valor total cercano a los 800.000 dólares.
El ex presidente, y todavía candidato por el Partido de los Trabajadores, sostiene que la vivienda nunca fue de su propiedad y que las acusaciones que pesan en su contra son motivadas políticamente, para evitar que llegue nuevamente a la presidencia de su país.
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