Una jueza federal de Estados Unidos rechazó este lunes un pedido del gobierno de Trump para permitir detenciones de niños inmigrantes indocumentados por un largo período.
La jueza del tribunal de distrito de Los Angeles, Dolly Gee, desestimó por “dudosos” y “poco convincentes” los argumentos del Departamento de Justicia estadounidense para modificar una conciliación judicial de 1997, conocida como Acuerdo Flores, que establece que los niños que ingresaron al país sin documentos pueden permanecer detenidos hasta un máximo de 20 días.
El Gobierno de Trump pidió en junio que se pueda detener por más tiempo a los niños sin papeles. Esto después de las protestas generalizadas contra su política de separar a los niños de los padres que ingresaron a Estados Unidos sin documentos. Un juez en un caso diferente en San Diego ordenó al Gobierno el mes pasado que reúna a las familias separadas por las medidas de Trump.
El Gobierno afirmó en su presentación que el fallo de San Diego exigiría la detención de niños por períodos más largos, ya que esta sería la única forma de reunirlos con sus padres y mantener a los padres encarcelados durante sus procedimientos de inmigración.
Gee rechazó ese argumento, declarando que el Gobierno de Trump “promueve una interpretación torcida del Acuerdo Flores en un intento de demostrar que la (…) medida cautelar le permite suspender las disposiciones de liberación”, escribió.
Los gobiernos anteriores solían liberar a las familias aprehendidas en la frontera para que siguieran con sus solicitudes de inmigración mientras vivían libremente en Estados Unidos. Pero Trump ha prometido poner fin a esa práctica.
Niños indocumentados, detenidos y separados de sus padres en un Walmart convertido en un centro de detención en Brownsville, Texas, que sirve como refugio. El director general de la empresa que administra ese refugio y varios otros dicen que están dispuestos a reunir a esos niños y niñas separados de sus familias, aunque muchos de sus detenidos son menores no acompañados. (ACF/HHS/Reuters)
En un comunicado, el portavoz del Departamento de Justicia Devin O’Malley dijo que el Gobierno no estaba de acuerdo con el fallo, pero dijo que parecía permitirle continuar con algunas prácticas.
“Los padres que cruzan la frontera no serán liberados y deberán elegir entre permanecer en custodia familiar con sus hijos a la espera de un proceso de inmigración o solicitar la separación de sus hijos para que el niño pueda ser dejado en manos de un patrocinador”, dijo el portavoz.
Gee calificó al pedido del Gobierno de “un intento cínico de transferir al Poder Judicial la responsabilidad por más de 20 años de inacción legislativa y de acción poco meditada de parte del Ejecutivo”.
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