Un profesor de sociología de la Universidad de Ottawa, el canadiense Hassan Diab, de 64 años, fue extraditado a Francia en 2014. Las autoridades francesas consideraban que Diab había participado en un atentado con bomba en 1980 contra una sinagoga de París, en el que cuatro personas murieron y decenas más resultaron heridas.
En 2011, el juez canadiense que estudió la demanda de extradición describió las pruebas como «enrevesadas, muy confusas, con conclusiones que son sospechosas» y declaró que «las perspectivas de una condena en el contexto de un juicio justo parecen poco probables». Pese a ello, la ley de extradición de Canadá no le dejaba otra opción que ordenar la extradición de Diab.
Como consecuencia de esa extradición, Diab pasó más de tres años encarcelado en casi total aislamiento mientras Francia investigaba su presunta participación en el atentado terrorista. Diab nunca fue acusado. Fue devuelto a Canadá en enero de 2018 después de que los jueces franceses abandonaran el caso por falta de pruebas.
Rob Nicholson, ex ministro de Justicia que autorizó la extradición de Hassan Diab a Francia, pese a las dudas sobre la validez de esa demanda. (Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press)
En Canadá, Diab y sus partidarios han exigido una investigación pública dirigida por un juez para examinar el manejo de su caso por parte de funcionarios del Departamento de Justicia.
También quieren que se lleve a cabo una revisión de las leyes de extradición de Canadá, que permitieron que Diab fuera extraditado a Francia sobre la base de argumentos débiles donde languideció en una prisión de máxima seguridad durante más de tres años.
El abogado de Hassan Diab hizo saber ahora que su cliente boicoteará una revisión de su extradición a Francia ordenada por el gobierno de Canadá, argumentando que el alcance de esa revisión es insuficiente y no parece ser otra cosa que un «esfuerzo concertado para controlar los daños».
“Participar en esta revisión sería dar credibilidad a un procedimiento que es definitivamente insuficiente”, decía el abogado de Diab, Donald Bayne.
Hassan Diab, al centro, junto su abogado, Donald Bayne, a la izquierda, tras una conferencia de prensa en el Parlamento en Ottawa, el 13 de abril de 2012. El profesor de la Universidad de Ottawa fue extraditado a Francia por el gobierno canadiense. (Patrick Doyle/The Canadian Press)
Las objeciones de Diab fueron detalladas en una carta escrita por su abogado Donald Bayne y enviada a Murray Segal, el ex procurador general de Ontario encargado de revisar el caso de Diab.
«Estos términos de referencia son un perjuicio para el doctor Diab, por todo el sufrimiento que él y su familia han padecido», escribió Bayne en la carta, que también fue enviada al Primer Ministro Justin Trudeau y a la Ministra de Justicia Jody Wilson-Raybould.
«El doctor Diab y su familia no pueden participar en conciencia en lo que ahora parece ser nada más que un esfuerzo concertado de control de daños”, dice esa misiva.
Grupos de defensa de los derechos humanos en Canadá, como Amnistía Internacional y la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica (BCCLA, por sus siglas en inglés) también pidieron una investigación pública después de que una investigación del difusor público CBC reveló la magnitud de las medidas que tomaron los funcionarios del gobierno canadiense para ayudar a asegurar la extradición de Diab, pese a la fragilidad de los argumentos para esa extradición a Francia.
La Ministra de Justicia de Canadá, Jody Wilson-Raybould, rechazó las peticiones de Hassan Diab y de varios organismos de la sociedad civil de llevar a cabo una investigación pública y en su lugar pidió a Murray Segal, ex-procurador general de Ontario que lleve a cabo una revisión externa del caso. (Foto:LA PRENSA CANADIENSE/Justin Tang)
A nombre del gobierno de Canadá, la ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, rechazó las peticiones de una investigación pública y en su lugar pidió a Murray Segal, ex-procurador general de Ontario que lleve a cabo una revisión externa del caso.
«A Segal se le darán las herramientas, el acceso y la discreción necesaria para llevar a cabo una revisión completa e independiente del caso», dijo la ministra Wilson-Raybould en una declaración anunciando los términos de la revisión a principios de julio.
Sin embargo, Hassan Diab no está de acuerdo con la propuesta del Gobierno canadiense. Según la carta de su abogado Bayne, él cuestiona el hecho de que Segal no evaluará las leyes de extradición de Canadá y será la única persona autorizada a interrogar a testigos o ver documentos relacionados con el caso.
“Los términos de referencia de esta revisión establecen con certeza que a fin de cuentas no se hará una revisión significativa de los serios defectos que tiene la ley canadiense sobre las extradiciones”, decía el abogado del profesor canadiense acusado sin pruebas sólidas.
«No se abordarán los problemas reales, no se identificará ningún problema con la ley existente, ningún funcionario del Ministerio de Justicia será denunciado o sancionado», escribió el abogado de Diab, Donald Bayne.
Bayne destacó que los términos de referencia de la investigación «llevan al doctor Diab y a su familia a la conclusión de que el gobierno no tiene ninguna intención seria de examinar los problemas que tiene la ley de extradición canadiense».
«Él y su familia lamentan sinceramente el verse obligados a llegar a esta conclusión, ya que deseaban participar activamente en un proceso de investigación pública que sería beneficioso para todos los canadienses», añade la carta del abogado de Diab.
En su carta, Bayne indica que tiene un «profundo respeto personal y profesional» por el ex procurador general de Ontario, Murray Segal, y que la decisión de boicotear tiene que ver con los términos de referencia y no con Segal personalmente.
En una declaración a CBC News, Segal defendió la revisión externa del caso y alentó a Diab a reconsiderar su boicot.
Murray Segal, ex procurador general de Ontario a quien se le ha pedido que revise el caso de Diab. (Foto: CBC)
En una carta enviada el 16 de julio a la ministra canadiense de Justicia, Jody Wilson-Raybould, tanto Amnistía Internacional como la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica argumentaron que esta revisión no sería suficiente como para proporcionar una imagen completa de por qué Hassan Diab fue extraditado a Francia y que sólo evaluará si se aplicaron las leyes, las prácticas y los procedimientos del Departamento de Justicia de Canadá.
«Con todo respeto, esto es inadecuado y, de hecho, ignora una de las principales razones por las cuales esta revisión es necesaria», afirma la carta de los organismos de defensa de los derechos humanos.
Estas entidades de la sociedad civil canadiense también sostienen que los funcionarios o ex funcionarios del gobierno francés que podrían esclarecer las acciones de Francia que condujeron al encarcelamiento de Diab para su extradición podrían no ser interrogados como parte de la revisión.
Los documentos obtenidos por el difusor público CBC muestran que Francia, al momento de presentar a Ottawa su solicitud de extradición, sabía de la existencia -y no lo reveló- de huellas digitales que ayudaron a liberar a Diab de su implicación en el atentado terrorista.
Otro factor clave en la liberación de Diab fue la alta probabilidad de que ni siquiera estaba en París el día del atentado. Utilizando registros universitarios y entrevistas con los compañeros de clase de Hassan Diab, los jueces de investigación determinaron que él estaba «probablemente en el Líbano durante septiembre y octubre de 1980, escribiendo exámenes cuando ocurrió el ataque contra la sinagoga en Paris” y que es poco probable que él haya sido el hombre que colocó la bomba en la calle Copernic, en París, el 3 de octubre de 1980.
En una conferencia de prensa en junio, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó su confianza en que un examen externo sería el mecanismo adecuado para investigar cualquier cuestión relacionada con la extradición de Hassan Diab.
El caso de Hassan Diab continúa ante los tribunales franceses. Francia apeló en enero la decisión de liberar a Diab de la cárcel. Tres magistrados franceses en París debían dictaminar el pasado 6 de julio sobre la apelación. Sin embargo la repentina aparición de nuevas pruebas ha retrasado esta decisión hasta fines de septiembre.
Fuentes: CBC/RCI
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