El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió el miércoles arrojar luz sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014, un hecho «lamentable y triste» que ha traumatizado al país.
Cuatro años después, la desaparición de estos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, sigue atormentando a México.
La tragedia se ha convertido en un símbolo de la violencia que está sacudiendo al país y los problemas que lo subyacen, como los vínculos entre los cárteles de la droga y los políticos corruptos.
Caravana de Ayotzinapa en Ottawa y Montreal, 2015
Hablando después de una reunión con las familias de las víctimas, López Obrador anunció que firmaría, tan pronto como asuma el cargo el 1 de diciembre, «un decreto para crear una comisión de investigación […] para alcanzar la verdad y la justicia «en este caso.
«AMLO» también anunció que abrirá «las puertas del futuro gobierno y del país a las organizaciones internacionales de derechos humanos, que han ayudado a que este caso no sea enterrado».
En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que se habían apoderado de cinco autobuses para ir a manifestar en la Ciudad de México, fueron atacados por agentes de la Policía Municipal de Iguala por orden del alcalde.
Según las autoridades, la policía los entregó al cartel Guerreros Unidos, habiéndoles confundidos con miembros de un cártel rival, y los habrían matado antes de quemar sus cuerpos en un vertedero.
Expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron esta versión en un informe publicado en 2015, que indica que tantos cuerpos no podrían haber sido incinerados allí.
La creación de una comisión de investigación con apoyo internacional, anunciada el miércoles por AMLO, era una de las exigencias de las familias.
«Nunca sabremos qué pasó si solo confiamos en el sistema de justicia mexicano», dijo el abogado de la familia Vidulfo Rosales a periodistas poco antes de la reunión con el líder de izquierda.
La decisión de López Obrador da a las familias un rayo de esperanza, dijo María Elena Guerrero, madre del estudiante Giovanni Galindes, de 20 años en el momento de su desaparición.
«Hemos estado luchando durante cuatro años, presionando todas las puertas posibles, y hoy esta puerta se abre sola», dijo Epifanio Álvarez, cuyo hijo Jorge, de 19 años, se encuentra entre los 43 desaparecidos.
Alrededor de 4.000 personas marcharon por la tarde en las calles de la capital, bajo una fuerte lluvia, con motivo del aniversario de la tragedia.
Los padres de los 43 estudiantes, así como ONG nacionales, organizaciones internacionales y el gobierno federal se unirán a la comisión de investigación, explicó Alejandro Encinas, quien se encargará de coordinarla.
RCI/AFP
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