La decisión del gobierno provincial en Quebec, de anular 18.000 legajos de inmigración, que se encontraban demorados en su procesamiento ha causado sorpresa y reacción en algunos sectores.
En la Asamblea Nacional, como se conoce a la legislatura en la provincia, la oposición acaba de presentar un pedido para que la administración del primer ministro François Legault revierta su posición.
El pedido fue impulsado por la legisladora liberal Dominique Anglade, quien sostiene que la medida anunciada por las autoridades podría afectar a cerca de 50.000 personas, que en algunos casos ya trabajan y viven en Quebec.
La diputada liberal Dominique Anglade, quiere que el gobierno dé marcha atrás con el proyecto.. THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot
Se trata de 18.000 expedientes con postulaciones de gente que decidió inmigrar a la provincia pero que, por diversas razones, han permanecido durante varios años sin resolución.
Algunos son trámites iniciados hace al menos 15 años.
Entre las críticas que se hacen a la iniciativa, que por el momento es un proyecto de ley que aún debe ser aprobado por la legislatura, figura la de que se trata de personas que han invertido tiempo, dinero y expectativas de vida, esperando un día poder radicarse aquí.
El ministro Simon Jolie-Barrette y Francois Legault tras el anuncio del proyecto para eliminar los expedientes demorados . THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot
El ministro provincial de Inmigración, Simon Jolin –Barrette, presentó el jueves último el proyecto, en un intento por lograr un marco legal que permita mayor selectividad en el proceso de selección de los nuevos inmigrantes.
En sus fundamentos, el funcionario insistió en la línea argumental de una mayor necesidad de que quienes son aceptados respondan a las necesidades del mercado laboral.
También reiteró la visión de la administración del partido Coalition Avenir Quebec, en el sentido de la necesidad de que los inmigrantes hablen francés y se comprometan con los valores de la sociedad de Quebec.
El gobierno dice querer ajustar la inmigración a las necesidades del mercado laboral. AP Photo/Phelan M. Ebenhack.
La provincia destinaría 19 millones de dólares a reembolsar los gastos del trámite abonados por los aspirantes.
Para nuestra entrevistada, eso no alcanzaría a reparar el daño ocasionado a los postulantes.
Verónica Islas, directora del Centro de Recursos Interculturales, en entrevista con Luis Laborda.
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