Este jueves el vicepresidente estadounidense está de paso por Canadá. Se reunió con el primer ministro Justin Trudeau quien antes de su visita dijo que los dos tendrán una «amplia conversación» que incluirá el creciente número de nuevas leyes estadounidenses que restringen el aborto a nivel estatal.

Recordemos que en los últimos días, muchos estados americanos han aprobado las leyes antiaborto más duras en décadas. ¿Por qué los estados hacen esto? La profesora y vicedecana Carissima Mathen de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa cree que los estados con legisladores y electores que se oponen firmemente al aborto están convencidos que ha llegado el momento de forzar un diálogo nacional sobre el aborto.


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Roe v. Wade es una decisión histórica de 1973 de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la constitucionalidad de las leyes que penalizan o restringen el acceso al aborto. La Corte dictaminó, por siete votos a favor y dos en contra, que el derecho a la privacidad se extendía a la decisión de la mujer de tener un aborto, pero que este derecho debe equilibrarse con los intereses del estado en la regulación del aborto: proteger la salud de la mujer y proteger el potencial de la vida humana. La decisión Roe v. Wade marcó el debate estadounidense sobre el aborto y su legalización, pero también el papel de la Corte Suprema estadounidense, así como las opiniones sobre el lugar de la religión en la esfera política.
Al igual que el Tribunal Supremo del Canadá, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no está obligado por sus decisiones anteriores.
Por lo general, dice la docente de la Universidad de Ottawa, se tiene mucho cuidado en preservarlos y es raro que se rechacen categóricamente los precedentes. Dicho esto, si la mayoría de los jueces así lo decide, podrían efectivamente revocar el caso Roe v. Wade.


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¿Hasta qué punto la política y el derecho están estrechamente ligados en Estados Unidos y aquí en Canadá?
La investigadora Carissima Mathen cree que el presidente Trump tiene un fuerte apoyo entre los cristianos evangélicos. Su nombramiento de jueces federales fue muy conservador, incluidos los dos jueces Gorsuch y Kavanaugh, que fueron nombrados miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

En los últimos 30 años, nos recuerda la profesora y vicedecana Carissima Mathen de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa, el Parlamento canadiense se ha negado a volver a examinar la cuestión. En segundo lugar, las garantías constitucionales utilizadas para invalidar la ley de aborto de Canadá son diferentes de las utilizadas en los Estados Unidos.
De hecho, la jurisprudencia desde 1988 ha hecho más probable, y no menos probable, que las opciones reproductivas de las mujeres sean protegidas de sanciones penales. Sin embargo, el acceso a la atención de la salud está bajo control provincial y el acceso al aborto sigue siendo un problema persistente.

El aborto era ilegal en Canadá hasta 1969, cuando el Parlamento de Canadá aprobó una ley que permitía el aborto en ciertas circunstancias para proteger la «salud» de la madre (la palabra «salud» no estaba definida ni limitada). El entonces Ministro de Justicia, Pierre Trudeau, padre del actual primer ministro canadiense, presentó un proyecto de ley para permitir el aborto cuando un comité de aborto terapéutico integrado por tres médicos considerara que la salud de la mujer estaba en peligro. La enmienda disponía que los abortos sólo pueden realizarse en hospitales autorizados por médicos autorizados, mientras que todos los demás abortos seguirían estando sujetos a las sanciones previstas en el Código Penal.El aborto seguía siendo un delito penal en virtud del Código Penal, salvo en las circunstancias prescritas.
En enero de 1988, el Tribunal Supremo del Canadá, tras una demanda presentada por Henry Morgentaler para impugnar la ley, ya que concluía que la ley no se aplicaba por igual en todo el país. No todos los hospitales han formado comités de aborto terapéutico. Algunos tenían comités que aprobaban cualquier solicitud directamente, mientras que otros eran mucho más estrictos. Sin embargo, el Tribunal reconoció que el Estado tenía un interés legítimo en proteger al feto, afirmando que dicho interés era un «objetivo legislativo perfectamente válido», y pidió al Parlamento que redactara otra ley que restringiera el aborto.
En la decisión Morgentaler, la Corte no declaró el aborto como un derecho constitucional. De los siete jueces del Tribunal Supremo que conocieron del caso, sólo uno, la jueza Bertha Wilson, se pronunció a favor del derecho de la mujer al aborto, sólo durante el primer trimestre del embarazo.
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