El 1 de julio no sólo es la jornada en la que Canadá celebra su día nacional, sino que es cuando en Quebec se lleva a cabo una tradición muy particular.
Ese día, cientos de miles de quebequenses que habitan viviendas de alquiler renuevan sus contratos y, muchos de ellos, se mudan a una nueva morada. Las calles de diversas localidades se llenan de camiones de mudanzas que vienen y van…
Veinticuatro horas después, el Frente de Acción Popular en Rediseño Urbano (FRAPRU, por sus siglas en francés), denunció una crisis de viviendas de alquiler en Quebec.
El mercado está plagado de inmuebles para la compra venta y a precios cada vez más elevados. Foto: iStock.
La entidad hizo sonar la alarme sobre lo que considera una escases de viviendas destinadas a los inquilinos.
A su entender, el parque inmobiliario no ha seguido el crecimiento de la población. Prueba de eso es la baja constante en la tasa de viviendas no ocupadas, que el caso de Montreal, por ejemplo, es del 1,9 por ciento, el índice más bajo en más de una década.
La organización sostiene que la causa principal de tal situación es que se ha dejado de construir a un ritmo suficiente para satisfacer la demanda de alquileres.
Las nuevas modalidades de renta, como la que se lleva a cabo de la plataforma digital Airbnb, contribuyen a hacer más difícil la situación, ya que los propietarios de numerosas unidades, tentados por los ingresos rápidos y más elevados que les dejan los turistas, retiran del mercado sus inmuebles, reduciendo aún más la cifra de viviendas que se encuentran disponibles para ser alquiladas en una base anual.
La inflación suma su impacto.
Año tras año, y a pesar de los límites impuestos por ley para el incremento de los alquileres, el valor de los mismos ha ido subiendo y una parte importante de la oferta inmobiliaria implica costos que escapan al bolsillo de quienes tienen ingresos más bajos.
Un campamento en el centro de Montreal, ya en 2015 denunciaba la falta de viviendas sociales. THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson
En Quebec, el 15 por ciento de los hogares destina el 50 por ciento de sus ingresos sólo al pago del alquiler de su hogar.
En la provincia existen las llamadas “viviendas sociales”, que cuentan con planes especiales del gobierno y están por fuera del mercado privado, que buscan asegurar el techo a los sectores de recursos escasos. De todos modos, esas viviendas componen el 11 por ciento del parque inmobiliario, un número que si bien es importante, como lo reconoce Émilie Joly, de FRAPRU, en la actualidad resulta exigua.
El FRAPRU critica el hecho de que el presupuesto oficial elaborado para el presente año por la administración quebequense no contemple la construcción de un mayor número de viviendas sociales, sino sólo concretar las que ya estaban previstas.
El gobierno provincial retruca las críticas diciendo que hay una batería de ayudas a disposición de los interesados, pero que las mismas permanecen sin ser utilizadas.
La entidad denuncia que las mujeres son víctimas prncipales de la actual situación. Imagen: FRAPRU.
El organismo estima que tal afirmación falta a la verdad, ya que la administración destina menos recursos a los municipios, haciendo que estos se vean impedidos de implementar las ayudas.
Jolie reconoce que el hecho de que gran cantidad de personas se lancen a buscar un nuevo hogar en una misma fecha complica la situación, pero insiste que el problema real es el déficit de viviendas disponibles, por lo que si esas personas no salieran al mercado eso no solucionaría la situación.
Por último, el FRAPRU advierte contra la iniciativa que busca hacer obligatorio el pago de un depósito de seguridad por parte de los inquilinos, para que el propietario pueda resarcirse de eventuales daños al inmueble.
Émilie Joly, del FRAPRU, nos brinda más detalles en entrevista con Luis Laborda.
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