Catorce representantes de la sociedad civil y de sindicatos miembros del Grupo Consultivo multipartita sobre Conducta Empresarial Responsable en el Extranjero (un órgano consultivo gubernamental) renunciaron en bloque el mes pasado.
La decisión unánime de renunciar, dicen los dimisionarios, es que el gobierno canadiense «traicionó la confianza de las organizaciones de la sociedad civil» en lo referente al compromiso de Canadá con la responsabilidad corporativa en el extranjero.
Los miembros del Grupo Consultivo que dimitieron representan a las más importantes organizaciones civiles del país: Above Ground; Amnistía Internacional Canadá; Association québécoise des organismes de coopération internationale;Canadian Council for International Cooperation; Canadian Labour Congress; Canadian Network on Corporate Accountability; Development and Peace-Caritas Canada; Inter Pares; MiningWatch Canada; United Steelworkers Union; World Vision Canada.
El contexto
En enero de 2018, el gobierno anunció públicamente la creación de una oficina de Ombudsperson (Defensoría de los ciudadanos) que trataría específicamente casos de responsabilidad corporativa.
La administración de Trudeau en Ottawa también se comprometió a proporcionarle a esta persona las herramientas necesarias para llevar a cabo investigaciones independientes, incluyendo el poder de exigir documentos a las compañías y citar testigos. Este anuncio fue aplaudido por la sociedad civil y por las organizaciones sindicales.
La decisión de los representantes de esas mismas organizaciones de renunciar ahora es el resultado de que Ottawa dio «marcha atrás» y simplemente «nombró a un asesor especial del Ministro de Diversificación del Comercio Internacional, sin los poderes de investigación necesarios».
Hablamos con Karyn Keenan, directora del organismo Above Ground. Quisimos saber en qué consiste, según los catorce organismos y sindicatos lo que ellos han nombrado «la traición» del gobierno canadiense «a la confianza» de los representantes civiles y sindicales.
En Canadá existe la Ley de Transparencia en el Sector Extractivo, le preguntamos a Karyn Keenan, ¿por qué esa ley no era suficiente? ¿Por qué era necesario crear la figura del Ombudperson para poder exigir transparencia de las compañías mineras actuando en el extranjero?
Ella cree que esa ley, aunque tiene un nombre sugestivo, no tiene aplicación a cuestiones éticas y de responsabilidad empresarial.
La reacción del gobierno
El portavoz del Ministro de Diversificación del Comercio Internacional, Jim Carr, quien estaría en comunicación directa con el Defensor/a del Pueblo pues la mayoría de los cuestionamientos tienen que ver con compañías canadienses actuando directamente en mercados internacionales, lamentó la salida de los grupos del Grupo Consultivo multipartita sobre Conducta Empresarial Responsable en el Extranjero, pero dijo que el gobierno está haciendo progresos en la promoción de una conducta empresarial responsable y que espera tener la oficina del ombudsman operativa para el otoño.
Y después de la renuncia, ¿qué?
Le preguntamos a Karyn Keenan de qué manera esta renuncia colectiva puede ayudar a que la conducta de las empresas canadienses en el extranjero sea más responsable? Ella cree que no podían seguir siendo cómplices de la falta de seriedad por parte del gobierno. Escuche:
El sector minero es particularmente objetivo de los grupos que presentaron su renuncia en julio pasado. Todos ellos exigen una mayor supervisión de las actividades de las empresas canadienses que operan en el extranjero.
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