Desde principios de septiembre, la Comisión Escolar de Montreal (CSDM) cuenta cinco casos de profesoras, contratados desde hace poco, que tuvieron que conformarse a la Ley sobre la laicidad del Estado. De estos cinco casos, cuatro profesoras aceptaron retirar sus signos religiosos, según el portavoz de la CSDM, Alain Perron.
‘’Siempre he dicho que la ley se aplica y que debe ser respectada’’, recalca el ministro de Inmigración, Simon Jolin-Barrette, autor de esta ley.
Estas profesoras no podían beneficiar de la clausula que protege los derechos adquiridos de los empleados que llevan ya signos religiosos porque esta solo se aplica a los empleados que fueron contratados antes del 27 de marzo del 2019.
Toda persona empleada después de esta fecha es sometida a la ley y no puede llevar ningún símbolo religioso, que sea un niqab, una kipá o una cruz, por ejemplo. La CSDM no precisó cual símbolo religioso llevaban las cinco profesoras en cuestión.
Según la comisión escolar, una profesora se negó a retirar su símbolo.
Confusión sobre las circunstancias de partida de una profesora
Después de un aviso, la CSDM esperaba la decisión de una maestra que llevaba un signo religioso. Esta mujer decidió no retirar su signo religioso y, según Alain Perron, la comisión decidi poner fin a su contrato.
Pero el sindicato de los profesores de la CSDM, pretenden, al contrario, que fue la profesora que renunció de iniciativa propia.
Varios grupos estiman que las partidas de los profesores que se niegan a retirar sus símbolos es de mal agüero, sobre todo en temporada de penuria de mano de obra.
El ministro de la Educación, Jean-François Roberge, informó ayer que en fecha del primero de septiembre, hacen falta más de 360 profesores en la red de educación quebequense, sobre todo en Montreal y Quebec.
Una ley injusta
Para los diputados de Quebec Solidario (QS), el hecho que la ley se aplique, no quiere decir que la ley es justa. «Que ciertas personas decidan de respetar la ley, no cambia nuestra percepción de esta ley. Continuamos a creer que es una mala ley y que es injusta», comentó Gabriel Nadeau-Dubois, líder parlamentario de QS.
Según él, la aplicabilidad de la ley todavía se puede debatir porque el verdadero test será en varios meses cuando empiece el juicio que cuestiona la validez de la ley ante el tribunal.
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