Un reciente informe urge a la provincia de Columbia Británica, en la costa pacífica canadiense, a obtener mejores garantías financieras que las compañías mineras paguen por daños causados durante la explotación de minas en el territorio.
Las primeras naciones de la provincia afirman que si el gobierno pone esa exigencia las mineras tendrán más cuidado. “Está claro que hay un reconocimiento por parte del gobierno y los tribunales que nosotros somos los propietarios de las tierras y tenemos jurisdicción y autoridad en ellas”, afirma Allen Edzerza del Consejo Indígena de Minas y Energía de Columbia Británica.
Y según Allen Edzerza, lo que sugiere el informe es que las Primeras naciones de Columbia Británica deberían utilizar parte de esa autoridad que le es conferida. La provincia está revisando las reglas que aseguren que los contribuyentes no estén obligados a pagar los costos por la limpieza y la seguridad de las minas abandonadas.
El informe señala varios ejemplos recientes en los que el gobierno ha debido pagar por lo menos 500.000 dólares en la limpieza de una mina de oro. La legislación actual exige que las empresas dispongan de un activo para ese efecto al final de la explotación de la mina, pero estos activos dependen a menudo, directa o indirectamente, del valor de la empresa minera o del precio de los productos básicos.
Cheryl Casimer, portavoz de las Primeras Naciones de Columbia Británica toma la palabra después que el primer ministro John Horgan declarara que la provincia reconoce los derechos humanos de los indígenas, el 24 de octubre 2019.(Foto: THE CANADIAN PRESS/Chad Hipolito)
Recientemente, el Auditor general de Columbia Británica concluyó que los costos de limpieza de minas exceden la garantía de la que dispone el gobierno de por lo menos 1.400 millones de dólares. Lo cual significa un riesgo para los contribuyentes incluso en casos en que los operadores de las minas sean de buena fe, porque hasta mineras bien capitalizadas pueden quebrar, dice Jason Dion, consultor responsable del informe.
Una solución a este problema sería de exigir a las compañías mineras que depositen por adelantado importantes activos para garantizar el costo de los trabajos de limpieza cuando la minera termine de operar una mina. “Un requisito que no va contra la producción del sector minero”, dice Dion.
Las Primeras naciones están totalmente de acuerdo con los resultados del informe y los jefes apoyan este enfoque. Y que tanto decisiones judiciales como el reciente reconocimiento por la provincia de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aseguran que la voz de las Primeras naciones tiene que ser tenida en cuenta cuando se trata de desarrollo minero en sus tierras, concluye Allen Edzerza del Consejo Indígena de Minas y Energía de Columbia Británica.
RCI/The Canadian Press/Bob Weber
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