La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció que realizará una visita urgente a Bolivia, entre el 22 y 25 de noviembre.
Según el Defensor del Pueblo, un organismo boliviano que tiene por objetivo proteger los derechos humanos y las libertades en el país, el último enfrentamiento este martes entre la policía y militares contra los manifestantes que exigen la salida de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez dejó un saldo de tres personas muertas.
Segúin informaciones de Radio Canadá los manifestantes, partidarios del presidente saliente Evo Morales, que acusan a la oposición y al ejército de sacarlo del poder con un golpe de estado, impedían que los camiones entraran y salieran del país de una planta de combustible Senkata en El Alto, al oeste de la capital, La Paz, donde ha habido escasez de gasolina desde el fin de semana.
El bloqueo de Senkata llevó a una escasez de combustible en la capital, donde incluso el transporte público se ha paralizado en los últimos días.
Según información de Radio Canadá el nuevo gobierno de Jeanine Añez tuvo que importar gasolina de Chile para satisfacer la demanda.
La escasez de alimentos también está aumentando en las tiendas de la capital debido al bloqueo de las carreteras que conducen a las zonas agrícolas del país.
De su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la OEA, anunció que realizará una visita urgente a Bolivia, entre el 22 y 25 de noviembre, frente a lo que describió como el «riesgo de impunidad para violaciones de DDHH».
También condenó la participación de las Fuerzas Armadas en la represión a la protesta social, calificó de «inadmisible» el decreto de Áñez que busca eximir de responsabilidad penal a los militares que participen en las matanzas y exigió la convocatoria a elecciones en 90 días.
El llamado urgente de la CIDH también advirtió sobre «amenazas dirigidas a líderes del gobierno anterior, asambleístas y dirigentes sociales» como también «funcionarios y dirigentes de instituciones independientes del Estado, como los organismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos».
Desde la renuncia de Evo Morales, al menos 27 personas han muerto en enfrentamientos con la policía y los militares.
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