Hudbay tiene el dinero. Nosotros tenemos la ley de nuestro lado, y excelentes abogados. Este mini juicio es el quinto que ocurre desde que empezamos, y los hemos ganado a todos.
-Grahame Russell Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica.
El pasado 8 de noviembre 2019, tuvo lugar en Toronto una audiencia en los casos civiles contra Hudbay Minerals y CGN (Compania Guatemalteca de Niquel) relacionada con el asesinato de Adolfo Ich (27 septiembre 2009), el ataque que dejo paralizado a German Chub (27 septiembre 2009), y las violaciones-en-grupo de 11 mujeres de la comunidad Maya Q’eqchi’, cometidas por grupos de soldados, policías y agentes de seguridad de Hudbay-CGN.
Hudbay dice que no es responsable de la conducta de policías y militares. Y niega que sus agentes de seguridad estén implicados en esos hechos de violencia contra las 11 mujeres.Por esa razón espera que la decisión de la corte en Toronto les sea favorable.
Escuche
Los abogados de Toronto Cory Wanless, Murray Klippenstein, Amanda Montgomery. Al frente: Angelina Choc, viuda de Adolfo Ich, demandante en los juicios.
La historia
El 17 de enero del 2007, durante un desalojo forzoso de 100 familias Maya Q’eqchi’ de sus viviendas en la comunidad de Lote Ocho, terrenos vinculados a un proyecto minero, las once mujeres fueron violadas en grupo por personal de seguridad de la minera, policías y militares.
Estos desalojos armados y violentos fueron realizados a solicitud de HMI Nickel, con relación al Proyecto Minero Fénix. Dicho proyecto era manejado a través de la empresa subsidiaria guatemalteca, Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Las demandantes pertenecientes a la comunidad Maya Q’eqchi’ nunca han aceptado la legitimidad de la concesión minera y los derechos territoriales otorgados por el gobierno de Guatemala para realizar el Proyecto Fénix. Las demandantes argumentan que la concesión se encuentra en sus territorios ancestrales y que estos se le otorgaron a Hudbay sin haber consultado de manera adecuada a la comunidad Q’eqchi’.
Adicionalmente a la demanda presentada en 2011 en contra de Hudbay Minerals por grupos defensores de derechos humanos se presentó otra demanda en septiembre de 2010 por la viuda de un líder de la comunidad Q’eqchi, Ich Chamán, quien fuera brutalmente golpeado y asesinado con arma de fuego en 2009, durante una protesta contra la mina Fénix. Su viuda, Angelina Choc, denunció que los guardias de seguridad del Proyecto Fénix golpearon violentamente a Chamán, quien no estaba armado, le dispararon y lo mataron. Choc alega que Hudbay Minerals no tomó las precauciones adecuadas para asegurar que su personal de seguridad no perpetrara abusos en contra de los derechos humanos.
En diciembre de 2011, se presentó otra demanda en contra de Hudbay Minerals en Canadá por parte de un sobreviviente del incidente a tiros en el Proyecto Fénix. El demandante, quien quedó parapléjico, alega que en septiembre de 2009, el jefe de seguridad del Proyecto Fénix de Hudbay le disparó a corta distancia, en un ataque no provocado.
Los tres procesos están en curso. En febrero de 2013, Hudbay retiró su oposición a que se estudiaran los casos en un tribunal de Canadá. El 22 de julio del 2013, la Corte Superior de Ontario emitió un fallo permitiendo que los casos procedan a la fase de juicio.
Grahame Russell es Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica. Youtube
El proceso que Hudbay no quiere
Hudbay Minerals decidió atacar el proceso que se lleva a cabo en Canadá con maniobras dilatorias.
Para Grahame Russell, aunque considera que se trata de un mini juicio, éste es de suma importancia.
“Es una mini batalla dentro de una batalla más grande. El asunto es muy terrible. Nuestra posición es que las mujeres fueron violadas como grupo por hombres violentos: soldaos, policías y agentes de seguridad. La compañía Hudbay, que le pagó a la policía y al ejército para planificar y ejecutar los desalojos de los terrenos está clamando que no es responsable por los hechos cometidos por esas fuerzas del orden”.
El activista y abogado canadiense dice que cuentan con pruebas que la compañía pagó a policías y militares.
“El problema es que los 20.000 documentos internos que Hudbay tuvo que entregar a los abogados revelan que la compañía CGN pagaba cientos de miles de dólares en efectivo a los soldados y los policía para participar en la planificación y ejecución de los desalojos” recuerda.
Ahora se espera la decisión del juez. Si la decisión resulta favorable a la compañía canadiense Russelll dice que no van a abandonar sino que irán en apelación.
“Pero eso para nosotros es impensable. Hudbay tiene el dinero. Nosotros tenemos la ley de nuestro lado, y excelentes abogados. Este mini juicio es el quinto que ocurre desde que empezamos, y los hemos ganado a todos”.
Angelina Choc, viuda de Ich estuvo presente en la audición del pasado 8 de noviembre en Toronto en representación de las once mujeres.
‘Ya llevamos diez años en esta búsqueda de justicia. Lo que espero es que el tribunal en Canadá escuche nuestras voces. Está tardando para una respuesta. Ojalá nos den una respuesta lo más pronto. Que se haga justicia es lo que queremos”
Choc añadió que el único recurso que les queda es la justicia canadiense porque las autoridades guatemaltecas nunca les han defendido.
RCI con información de Rights Action.
Grahame Russell es Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica.
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