Los catalanes no renuncian a sus aspiraciones independentistas. REUTERS/Enrique Calvo.

España critica apoyo quebequense a Cataluña

El gobierno de España respondió a una moción aprobada en la Asamblea Nacional de Quebec que condenó la violenta represión del movimiento separatista catalán.

La Asamblea Nacional es el cuerpo legislativo de la provincia de Quebec.

El pronunciamiento aprobado por los legisladores condenó el uso de la violencia, por parte del gobierno central de Madrid, para reprimir las protestas populares en la provincia de Cataluña, en el noreste del territorio español, que reclaman la independencia de esa región respecto de la corona española.

Madrid niega haber reprimido con exceso las protestas. REUTERS/Rafael Marchante.

El texto aprobado criticó además la persecución hacia los líderes separatistas catalanes.

El embajador de España en Canadá presentó el martes 3 de diciembre una carta dirigida a la presidencia de la Asamblea, en la que sostuvo que el accionar de las fuerzas policiales se llevó a cabo dentro de un marco de proporcionalidad para intentar contener las movilizaciones, en el contexto de lo que el gobierno español definió como “una gran violencia”.

Por su parte, el titular del parlamento catalán envió una misiva a los representantes quebequenses, agradeciéndoles el apoyo demostrado hacia la causa de la independencia catalana.

En la nota presentada por el embajador español, el diplomático sostiene que es falso que la mayoría de los catalanes estén a favor de que la provincia se escinda del resto de España.

En numerosas ocasiones, el gobierno central español ha acusado a los independentistas de acallar las voces de los catalanes que no están de acuerdo con su reclamo y que, por el contrario, mantienen que la unidad es necesaria.

El ex jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont. REUTERS/Francois Lenoir.

En 2017, el gobierno autónomo de Cataluña convocó a un referendo popular que fue declarado ilegal por las autoridades españolas.

La convocatoria recibió un 43,03 por ciento de participación, con un resultado final de 90,18 por ciento de los votantes a favor de la independencia y 7,38 por ciento en contra.

Tras la consulta, el entonces jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y varios de sus colaboradores debieron exiliarse, para evitar ser enviados a prisión.

Los partidarios de la independencia catalana fundamentan su postura en cuestiones históricas y culturales que, sostienen, los define como una nación distinta de España.

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