Una diócesis católica de la provincia de Nuevo Brunswick recibió un reembolso de una firma de seguros, en un caso relacionado con abusos sexuales cometidos por sacerdotes.
La diócesis de Bathurst recibirá los recursos abonados por la aseguradora como compensación por los pagos de indemnizaciones a las víctimas de actos de agresión sexual por parte de religiosos de esa jurisdicción eclesiástica.
Si bien no hubo una confirmación de la suma total comprometida, la entidad religiosa dijo que la misma es considerablemente menor a los 3,3 millones de dólares que habían sido reclamados inicialmente.
Wesley Wade vicario general de la diócesis local. Foto: RADIO-CANADA / FRANÇOIS VIGNEAULT
Responsables de Bathurst dijeron que están conformes con el acuerdo alcanzado entre las diversas partes y sostuvieron que utilizarán una parte de los recursos para volcarlos a la formación de los nuevos religiosos, que incluirá medidas para prevenir que casos similares se produzcan en el futuro.
Al igual que lo ocurrido en otros sitios de Canadá, algunos sacerdotes locales fueron acusados de haber cometido una serie de abusos sexuales contra particulares. Las denuncias incluyen casos que datan de la década de 1950 y se extienden hasta la de 1980.
En todos los casos, que suman un total de 50 demandas, se trata de personas que en el momento de los hechos eran menores de edad y que habrían sido sometidos por los religiosos a contactos sexuales forzados.
El arreglo se produjo luego que el proceso llegar hasta la Corte Suprema de Canadá.
El gobierno canadiense pidió perdón por los abusos contra menores autóctonos. The Canadian Press/Andrew Vaughan
Miembros de la iglesia católica canadiense fueron acusados de haber llevado adelante numerosos abusos sexuales que durante años permanecieron sin ser denunciados.
En la mayoría de las situaciones las agresiones fueron realizadas en contra de menores de edad. Un capítulo especial del drama lo constituye el abuso practicado contra niños indígenas, que se hallaban internados en hogares regenteados por la iglesia, tras haber sido separados de sus familias naturales, acción que a su vez fue denunciada como una política expresa para someter a los infantes a un proceso de despojo cultural.
A principios de los años 2000, y tras una primera serie de pagos, la aseguradora hizo una presentación judicial para evitar hacer frente al número creciente de solicitudes de indemnización.
Los pagos fueron asumidos entonces por la diócesis, que luego presentó una demanda para recibir la compensación de la aseguradora.
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.