Un asesinato reciente reavivó el debate en el país. Foto: iStock.

Reclaman más seguridad para trabajadoras del sexo

Trabajadoras del sexo canadienses reclamaron una revisión de las leyes vigentes en el país, a las que denuncian por no brindarles la protección necesaria contra actos de violencia a las que se encuentran expuestas.

El debate fue reavivado a partir de la muerte de una joven en un hotel en un suburbio de la ciudad de Quebec, ocurrida días pasados.

El 22 de enero último, una mujer de poco más de 20 años fue asesinada por un hombre que fue beneficiado por una salida de detención, otorgada por una jueza, con el objetivo de que pudiera satisfacer sus necesidades sexuales.

La demanda de servicios sexuales pagados es vista como explotación. Foto: iStock.

El asesino, identificado como Eustachio Gallese, fue acusado por asesinato en segundo grado, al haber ultimado a la mujer con la que se había encontrado para mantener relaciones íntimas pagadas.

El acusado ya había sido condenado tiempo atrás, por la muerte de su esposa en 2004, a la que asesinó a golpes de martillo y puñaladas. Con anterioridad ya había sido hallado culpable de la muerte de otra mujer.

Según los observadores, el asesinato ocurrido en enero deja en claro que las normas actuales no brindan la protección adecuada a las trabajadoras del sexo, ya que un hombre con antecedentes penales por homicidio pudo no sólo acceder a los servicios demandados, sino cometer un nuevo ataque mortal, eligiendo como víctima a una una de ellas.

La Ley C-36, conocida como Ley sobre la Protección de Colectividades y de Personas Víctimas de Explotación, entró en vigencia en diciembre de 2004.

A pesar de las críticas que se le hicieron a la norma, el entonces gobierno conservador canadiense mantuvo su iniciativa, alegando que la misma tenía como objetivo proteger a las trabajadoras del sexo.

Stella es una de las entidades que piden cambios en la ley. THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

La ley significó la modificación del Código Criminal canadiense e introdujo la noción de la prostitución como una forma de explotación sexual.

En sus fundamentos, la ley reconocía que entre las personas que venden servicios sexuales se encuentran “grupos marginalizados, como las mujeres y menores autóctonas, que están representadas de manera desproporcionada”.

Otro de los fundamentos señalaba que “la compra de servicios sexuales crea una demanda de prostitución que mantiene y acentúa los desequilibrios de poder”.

En consecuencia, la norma propuso prohibir, por primera vez en la historia del derecho criminal canadiense, la compra de servicios sexuales.

Según algunos analistas, la ley empujó a las trabajadoras del sexo a llevar a cabo su actividad de manera encubierta, convirtiéndolas en blanco fácil de los ataques eventuales por parte de clientes con antecedentes penales o agresivos.

Categorías: Política, Sociedad
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